Tegucigalpa, Honduras. – El presidente Nasry Asfura defendió este viernes las reformas al sector energético enviadas al Congreso Nacional y pidió a los 128 diputados analizarlas con responsabilidad, bajo el argumento de que Honduras necesita ordenar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), reducir sus pérdidas y mejorar el servicio para la población.
El mandatario aseguró que respeta la independencia de poderes y negó que exista presión desde el Ejecutivo para forzar la aprobación de la iniciativa.
Según dijo, corresponde al Congreso revisar el texto, discutirlo y realizar los cambios que considere necesarios para construir una ley conveniente para el país.
“Le he dicho a los 128 diputados, le he dicho al presidente Zambrano: aquí estamos para hacer un equipo de trabajo y hacer la mejor ley”, declaró Asfura.
Uno de los puntos centrales de la discusión es la propiedad de la ENEE.
El presidente afirmó que su gobierno está dispuesto a incorporar modificaciones que garanticen constitucionalmente que la estatal eléctrica continuará siendo patrimonio de Honduras.
“Eso es lo que quieren los diputados, aquí lo vamos a hacer porque la ENEE es de todos los hondureños”, manifestó, al referirse a las conversaciones sostenidas sobre uno de los artículos del proyecto.
Asfura reconoció que la estatal eléctrica enfrenta una fuerte presión financiera y que su administración tiene la responsabilidad de enfrentar el problema de forma directa.
El gobernante sostuvo que el objetivo de la reforma es reducir pérdidas, mejorar el funcionamiento de la empresa y garantizar un suministro eléctrico más estable en los hogares.
“Estoy de frente para poder enfrentarla, para poder reducirla, para poder mejorar, para llevar la energía a sus casas más estable”, expresó.
El jefe del Ejecutivo también advirtió que una sola reforma no resolverá de inmediato los problemas estructurales del sector energético.
Según explicó, Honduras necesitará nuevas leyes y medidas complementarias para atender los distintos sectores de generación eléctrica y lograr que la energía se produzca al menor costo posible.
La meta, dijo, debe ser que esa reducción pueda trasladarse a los consumidores.
Asfura señaló que el precio internacional del petróleo sigue siendo un factor de presión para la generación eléctrica, el transporte y otros sectores de la economía nacional.
“Recibimos el petróleo ya refinado, nuestros costos son altos, pero aquí estamos para resolver los problemas”, afirmó.
Además del componente legislativo, el presidente indicó que su gobierno trabaja en acciones operativas para reducir las pérdidas de la ENEE.
Entre esas medidas mencionó la instalación y sustitución de medidores, el despliegue de cuadrillas para atender conexiones y mejoras en las líneas de transmisión y distribución.
En materia de infraestructura energética, informó que la inversión proyectada ronda los 248 millones de dólares.
De ese monto, alrededor de 174 millones de dólares ya estarían encaminados para ejecutarse en los próximos meses.
Asfura aseguró que estas inversiones forman parte de una estrategia orientada a mejorar la infraestructura eléctrica y contribuir al saneamiento financiero de la empresa estatal.
“Tenemos la oportunidad hoy con este equipo de cambiar el rumbo del país, de cambiar la infraestructura”, sostuvo.
Las declaraciones del presidente se producen en medio de una negociación política aún abierta en el Congreso Nacional, donde el futuro de la reforma energética depende de los consensos entre las bancadas.
En los últimos días, el Partido Liberal ha revisado una contrapropuesta propia y ha planteado la necesidad de incluir candados que eviten cualquier intento de privatización de la ENEE o debilitamiento de instituciones técnicas del subsector eléctrico.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, también ha insistido en que la reforma no ha fracasado y que aún se buscan los votos necesarios para aprobarla.
En ese contexto, Asfura intenta enviar un mensaje de apertura política: aceptar cambios, garantizar la propiedad pública de la ENEE y pedir a los diputados que construyan una ley con visión de país.
El debate energético entra así en una etapa decisiva, marcada por la urgencia de reducir pérdidas millonarias, mejorar el servicio, atraer inversión en infraestructura y evitar que la discusión quede atrapada entre el temor a la privatización y la necesidad de modernizar una empresa estatal financieramente debilitada.
