Asfura confirma suspensión de construcción de tres hospitales por investigación fiscal

El mandatario explicó que los centros de Salamá, Ocotepeque y Olancho, financiados con fondos nacionales, fueron detenidos por orden del Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas mientras se define su situación legal.

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Tegucigalpa, Honduras. — El presidente Nasry Asfura confirmó que se ha detenido la construcción de tres hospitales iniciada por el gobierno anterior, tras una recomendación del Ministerio Público que ha abierto investigaciones sobre estos proyectos. El anuncio lo hizo al regresar al país después de visitas oficiales a Estados Unidos y Panamá.

De los ocho hospitales prometidos por la administración previa, tres son financiados con fondos nacionales: Salamá, Ocotepeque y Olancho. Estos son los que quedan paralizados. «Son con fondos nacionales que no existen porque significa dejar de pagarle a proveedores, medicinas y planillas para ponernos a hacer estos hospitales», explicó Asfura a periodistas.

La decisión no es unilateral. Según el mandatario, tanto el Ministerio Público como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) intervinieron y ordenaron detener la ejecución de las obras. «El Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas nos han ordenado que no debemos seguir construyendo los hospitales hasta que ellos no den un dictamen definitivo», externó.

Sobre el resto de los centros hospitalarios prometidos, Asfura indicó que tres de ellos cuentan con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y que esos proyectos continuarán hasta su finalización sin interrupciones.

Frente a la suspensión de las nuevas construcciones, el presidente adelantó que su administración enfocará esfuerzos en fortalecer la infraestructura y capacidad de hospitales ya existentes. Mencionó específicamente al Hospital Escuela, San Felipe, Leonardo Martínez, El Tórax, El Progreso y el de Puerto Cortés como prioridades para recibir atención y recursos.

La medida deja en pausa temporal la expansión de la red hospitalaria con fondos nacionales, mientras los órganos de control fiscal determinan el curso legal de los contratos y ejecuciones iniciadas por el gobierno anterior.

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