Tegucigalpa – Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), ha resaltado recientemente la exposición de ciertas figuras políticas hondureñas a posibles sanciones internacionales, particularmente enfocándose en la situación del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
Hernández enfatizó que estas sanciones podrían no solo ser de naturaleza moral, sino que podrían impactar directamente en los activos e inversiones de dichas personas, especialmente aquellos vinculados a Estados Unidos, si se les considera implicados en actos de corrupción y ataques a la democracia.
Las críticas hacia Redondo se han intensificado luego de la designación de una Comisión Permanente que nombró de manera interina al Fiscal General y al Fiscal General Adjunto del Ministerio Público, sin la participación de los 128 parlamentarios que integran el pleno.
La oposición hondureña ha denunciado violaciones constitucionales y legales por parte de la junta directiva del Congreso Nacional dirigida por Redondo, alegando su sumisión a las directrices del Poder Ejecutivo y el menoscabo de la institucionalidad del país.
El Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), integrado por el Partido Salvador de Honduras (PSH) y el Partido Nacional, ha expresado su rechazo al nombramiento del Fiscal General interino, Johel Zelaya, y del Fiscal General Adjunto, Mario Morazán, argumentando que su designación fue realizada de manera ilegal por la Comisión Permanente del Congreso, instalada en noviembre tras el cierre del período de sesiones.
Las declaraciones de Hernández cobran relevancia tras la reciente revocación de la visa a la presidenta del Congreso de Guatemala, Shirley Rivera Zaldaña, por supuestas «acciones antidemocráticas».
Este acontecimiento ha encendido las alarmas en la región, especialmente en figuras políticas centroamericanas, considerando la creciente atención de Estados Unidos hacia la corrupción y los actos contrarios a la democracia en la zona, tal como se ha evidenciado con la inclusión de políticos y funcionarios de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en la conocida Lista Engel, creada para señalar a aquellos involucrados en tales actividades ilícitas.
