Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha levantado una voz de alarma sobre los riesgos que representa mantener un Estado de Excepción durante el periodo electoral en Honduras. Su director ejecutivo, Carlos Hernández, calificó la medida como «temeraria» y advirtió sobre sus posibles consecuencias en la observación electoral y el proceso democrático.
«Yo quiero exhortar a las organizaciones de derechos humanos a que se pronuncien, porque eso no puede ser posible, eso va a interferir con la fiesta electoral», manifestó Hernández, quien instó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a pronunciarse y solicitó la suspensión de la medida al menos dos días antes de las elecciones.
El director de ASJ señaló una serie de irregularidades en la implementación del Estado de Excepción, destacando que el Ejecutivo está aplicando medidas sin la ratificación del Congreso Nacional, lo que contradice los principios democráticos y constitucionales del país.
En cuanto a la efectividad de las medidas de seguridad, Hernández criticó el modelo operativo actual de las fuerzas del orden: «El problema es que capturan y después investigan, lo que se ha convertido en una norma». Señaló que existe una desproporción entre el alto número de detenciones realizadas por la Policía y los escasos requerimientos fiscales presentados, debido a la falta de elementos probatorios suficientes.
Respecto a la situación de criminalidad, el director de ASJ contradijo el discurso oficial sobre los avances en materia de seguridad. Destacó que la extorsión, lejos de disminuir, se ha expandido a nivel nacional, alcanzando zonas donde anteriormente no existía este delito.
«Antes solo se daba en la periferia, pero hoy ocurre en todo el país. Hay muchas ciudades donde antes no había extorsión y ahora la padecen», explicó Hernández, enfatizando la necesidad de implementar acciones coordinadas sin criminalizar a quienes cuestionan las medidas gubernamentales.
El líder de la ASJ también cuestionó las cifras oficiales sobre la reducción de homicidios presentadas por la Secretaría de Seguridad, señalando que este descenso no es atribuible al Estado de Excepción, y solicitó un análisis más académico y objetivo de las estadísticas criminales.
La postura de la ASJ refleja una creciente preocupación en la sociedad civil hondureña sobre el balance entre las medidas de seguridad y el respeto a las garantías constitucionales, especialmente en el contexto de un proceso electoral crucial para el país.
