Tegucigalpa, Honduras. – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) elevó al plano penal sus señalamientos sobre el manejo del Fondo de Administración Solidaria, al presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue la posible comisión de delitos en la aprobación, ejecución y liquidación de más de L1,837 millones gestionados desde el Congreso Nacional entre 2023 y 2025.
La acción fue presentada a través del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), instancia de ASJ, capítulo hondureño de Transparencia Internacional.
Según la denuncia, los recursos fueron asignados por diputados mediante la denominada línea presupuestaria 449, administrada por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y descrita como una partida de carácter discrecional.
El punto central del reclamo es que esa línea presupuestaria no habría sido creada para financiar becas, obras sociales, canchas deportivas o infraestructura menor.
De acuerdo con el escrito presentado, la partida está destinada exclusivamente a obligaciones derivadas de convenios de préstamo, otorgamiento de avales y emergencias por desastres naturales o calamidad pública.
Pese a ello, ASJ sostiene que entre 2023 y 2025 se utilizaron L1,837,349,701.14 para financiar ayudas y proyectos gestionados por legisladores, sin criterios técnicos claros ni mecanismos suficientes de rendición de cuentas.
La denuncia solicita a la Fiscalía iniciar un proceso penal y requerir a SEFIN copia certificada de todas las resoluciones emitidas entre 2023 y 2025 relacionadas con la aprobación y asignación de estos fondos.
Los recursos habrían sido canalizados a favor de instituciones como la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDESOL), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), el Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE), el Instituto de Crédito Educativo EDUCRÉDITO y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).
Uno de los hallazgos señalados por ASJ corresponde al uso de cupones alimenticios.
Según la denuncia, la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) canjeó 199,701 cupones entre 2023 y 2025, por un monto de L187,567,800.00.
Sin embargo, únicamente el 37 % de esos recursos habría sido liquidado.
Otro componente cuestionado corresponde a las becas estudiantiles, por un monto de L110,130,000.
Al intentar verificar la liquidación de esos fondos, ASJ encontró que BANADESA y SEDESOL firmaron un acuerdo de confidencialidad que impide acceder a la información.
Para la organización, esa reserva se aparta de lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que solo permite restringir información bajo causales específicas.
La denuncia plantea que la asignación de recursos no se organizó con base en criterios técnicos objetivamente definidos, sino en función de cada diputado gestor.
A juicio de ASJ, esa dinámica habría convertido los beneficios del Fondo de Administración Solidaria en una herramienta de visibilidad política individualizada frente a la población, en un período cercano a la celebración de elecciones generales.
La organización también advirtió que el problema no se limita a saber si la ayuda llegó o no a los supuestos beneficiarios, sino a la falta de controles que permitan comprobar cómo se entregaron, ejecutaron y liquidaron los recursos.
En materia de rendición de cuentas, la denuncia señala que ninguna de las instituciones involucradas ha remitido los informes de liquidación exigidos por la ley.
Según ASJ, SEFIN confirmó esa situación respecto a SEDESOL y la SGJD, mientras que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) corroboró que no encontró registros de esos informes correspondientes al ejercicio 2023-2025.
La propia SEDESOL reconoció ante ASJ que los fondos ejecutados permanecen sin liquidar y que desconoce el procedimiento que debía seguir para cumplir con esa obligación.
Para la organización, ese vacío institucional revela un problema mayor: fondos públicos manejados sin trazabilidad suficiente, sin liquidación oportuna y con participación directa de legisladores en la gestión de ayudas.
ASJ instó al Ministerio Público a actuar con firmeza, aplicar las sanciones correspondientes e investigar a todos los diputados que gestionaron el Fondo de Administración Solidaria durante el período señalado.
La organización considera que el manejo directo de fondos públicos por parte de legisladores, sin criterios técnicos ni rendición de cuentas, representa una amenaza directa a la transparencia y al uso correcto del erario nacional.
El caso deja al Ministerio Público ante una prueba clave: determinar si el diseño, la aprobación y la ejecución del Fondo Solidario derivaron en responsabilidades penales o si los recursos fueron administrados conforme a la ley.
Para ASJ, la falta de investigación y sanción en este tipo de casos solo profundiza la desconfianza ciudadana y normaliza el uso discrecional de fondos públicos bajo la apariencia de programas sociales.
