Tegucigalpa, Honduras.— La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció categóricamente la instrumentalización de las instituciones electorales hondureñas, señalando que la parálisis mantenida en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), junto con los casos presentados al Ministerio Público, constituyen un intento de «jugar con la inteligencia del pueblo hondureño» que genera rechazo ciudadano generalizado.
Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de ASJ, expresó la condena de la sociedad civil hacia los intentos de «ganar en una mesa de negociación lo que no se ganó en campaña, en gestión y con el voto del ciudadano», advirtiendo sobre maniobras políticas que buscan capitalizar mediante crisis artificiales lo que no se logró obtener a través del proceso democrático legítimo en las urnas.
El jurista advirtió sobre el riesgo de que sectores políticos pretendan «suplantar» la voluntad popular «generando crisis y una negociación» para obtener beneficios que no alcanzaron mediante el respaldo ciudadano, identificando esta estrategia como una amenaza directa a la legitimidad democrática y la confianza en las instituciones electorales del país centroamericano.
La organización de la sociedad civil enfatizó la urgencia de implementar reformas electorales estructurales, expresando su determinación de no permitir que el tema llegue al año 2029 como «una tarea pendiente», lo que evidencia la frustración acumulada por décadas de promesas incumplidas en materia de modernización del sistema electoral hondureño.
Aguilar identificó una oportunidad histórica en la proyectada conformación del próximo Congreso Nacional, donde más de 90 diputados pertenecerían a la oposición, otorgándoles «la gran responsabilidad de aprobar reformas electorales estructurales» que han sido postergadas sistemáticamente por administraciones anteriores que carecían de voluntad política para implementar cambios sustanciales.
Entre las reformas prioritarias identificadas por ASJ se encuentran la «ciudadanización de mesas» electorales y la implementación de la «segunda vuelta electoral», mecanismos que buscan garantizar mayor transparencia en el proceso de votación y legitimidad en la elección presidencial, respectivamente, reduciendo las posibilidades de manipulación y cuestionamientos postelectorales.
La denuncia de ASJ adquiere particular relevancia en el contexto de la crisis electoral actual, donde la prolongación artificial de la incertidumbre y la instrumentalización de instituciones como el CNE y el TJE evidencian las deficiencias estructurales del sistema electoral hondureño que permiten este tipo de maniobras antidemocráticas.
La posición de la organización refleja el creciente descontento de la sociedad civil organizada ante la repetición de patrones de comportamiento político que priorizan los intereses partidarios sobre la voluntad ciudadana, generando ciclos de crisis postelectorales que erosionan la confianza en la democracia y las instituciones del Estado de derecho.
La proyección de Aguilar sobre la composición opositora del próximo Congreso sugiere que la crisis electoral actual podría generar un cambio en la correlación de fuerzas políticas que facilite la aprobación de reformas que han sido bloqueadas históricamente por mayorías oficialistas renuentes a modificar un sistema que les ha beneficiado electoralmente.
La intervención de ASJ se posiciona como una voz crítica que busca canalizar la indignación ciudadana hacia propuestas constructivas de reforma institucional, aprovechando la coyuntura política para impulsar cambios estructurales que fortalezcan la democracia hondureña y prevengan futuras crisis electorales similares a la que actualmente enfrenta el país.
