Tegucigalpa, Honduras. – La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) denunció este miércoles un presunto manejo irregular de 113 millones 401 mil 824 lempiras en fondos públicos transferidos a una organización no gubernamental de desarrollo durante la pasada administración de Xiomara Castro.
La organización de sociedad civil presentó la investigación denominada “La red de la ONGD multirubros”, en la que vincula a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el programa Red Solidaria y la ONG Jóvenes Metas.
De acuerdo con ASJ, Sedesol y Red Solidaria suscribieron 10 convenios con Jóvenes Metas, una organización constituida en 2017 en La Ceiba, cuyo objetivo original era fortalecer habilidades laborales, arte y cultura para la juventud.
Sin embargo, la investigación señala que la ONG habría funcionado como una estructura “multirubros”, utilizada para proveer bienes y servicios de distinta naturaleza, entre ellos comida navideña, organización de eventos, juguetes, estufas industriales, calzado tipo burros y computadoras portátiles.
Uno de los principales hallazgos apunta a que en nueve de los 10 convenios las transferencias se realizaron en un solo desembolso, pese a que, según ASJ, la normativa establece que estos pagos deben efectuarse en tres entregas.
La organización también indicó que la ONG presentó informes de liquidación, pero con documentación incompleta, sin detallar quiénes fueron los beneficiarios finales de varios proyectos.
Según el informe, se desconoce el uso de 4 millones 090 mil 340 lempiras, mientras que algunos reportes habrían sido entregados apenas tres días antes del cambio de gobierno.
ASJ sostiene que el 90 % de los convenios analizados operó fuera del marco legal, al ser utilizados para realizar compras masivas de bienes y servicios que, a criterio de la organización, debieron someterse a los procesos de licitación establecidos en la Ley de Contratación del Estado.
La investigación también señala que las autoridades habrían violentado disposiciones generales del presupuesto al autorizar desembolsos únicos en proyectos de alto monto.
Entre los casos más graves, ASJ mencionó un presunto conflicto de interés en el convenio de mayor cuantía, por 27 millones de lempiras, destinado a la compra de 1,026 computadoras portátiles y 400 pares de calzado.
De acuerdo con la denuncia, ese convenio fue avalado mediante un dictamen técnico elaborado por la propia Sedesol de la administración anterior, mientras una autoridad vinculada a la institución actuaba simultáneamente bajo la figura de director ad honorem de la Dirección del Programa Becas Solidarias.
En ese mismo convenio, ASJ detectó que 594 laptops fueron entregadas físicamente en oficinas de Sedesol sin que exista un registro del beneficiario final.
Además, señaló que otras 425 computadoras portátiles distribuidas en centros escolares carecen de firmas de validación institucional.
La organización también cuestionó la adquisición de 400 zapatos tipo burros que serían entregados a estudiantes de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), pero que fueron recibidos por la coordinación de gestión administrativa y operativa de Becas Solidarias de Sedesol, sin comprobantes que acrediten su entrega real.
Ante estos hallazgos, ASJ demandó al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) iniciar de inmediato las investigaciones correspondientes para deducir responsabilidades civiles y penales contra los implicados.
La organización también instó al Poder Ejecutivo a prohibir el uso de convenios con ONG como mecanismo para evadir procesos de licitación pública.
Con esta denuncia, ASJ busca que se investigue si los fondos estatales transferidos a Jóvenes Metas fueron utilizados conforme a la ley o si la figura de convenio fue empleada para debilitar los controles de transparencia en la contratación pública.
Cargando…
Recargar el documento 
Abrir en una nueva pestaña 
