Tegucigalpa, Honduras. – La desconfianza en el sistema judicial hondureño llegó al punto en que empresarios, inversionistas e incluso representantes de bancos aseguran destinar recursos para intentar que sus casos avancen con preferencia, denunció el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández.
El dirigente afirmó que ha conocido testimonios de empresarios y defensores privados que relatan cómo algunas compañías incluyen en sus presupuestos anuales un rubro destinado a “resolver” procesos dentro de la justicia hondureña.
“Ya cuando están haciendo su plan de presupuesto, tienen que presupuestar un rubro especial para resolver los casos que tienen en la justicia hondureña”, señaló Hernández.
A su criterio, esta situación refleja uno de los principales retos institucionales del país y evidencia la necesidad de transformar de fondo el funcionamiento del Poder Judicial.
Hernández también sostuvo que existen indicios de corrupción en casos donde funcionarios judiciales han sido señalados o capturados, aunque lamentó que esas situaciones no hayan provocado cambios estructurales.
“Los casos de gran corrupción en Honduras todos son sobreseídos”, afirmó.
El director de ASJ advirtió que, si no se emprende una reforma profunda, los expedientes de corrupción podrían continuar cerrándose sin consecuencias reales.
Entre las propuestas que impulsa la organización mencionó un proyecto de ley relacionado con el Consejo de la Judicatura, al considerar que el actual modelo concentra demasiadas funciones dentro del Poder Judicial.
“Un Poder Judicial que siga administrando justicia, pero también siga administrando la operatividad diaria, eso no funciona”, sostuvo.
Hernández también denunció que algunos jueces trabajan bajo presión o temor. Según relató, hay funcionarios judiciales que han enfrentado consecuencias por sus decisiones o declaraciones.
Para ASJ, el problema no puede reducirse a casos individuales, porque forma parte de una crisis más amplia marcada por la politización de la justicia, la falta de confianza y la ausencia de controles efectivos.
“La crisis la hay, pero nadie quiere hablar de esa crisis y eso tiene que ver por la politización de la justicia”, concluyó Hernández.
