Tegucigalpa – La instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) no pasará de ser una promesa de campaña utilizada con fines electorales por la actual administración, según denunció este domingo Carlos Hernández, director de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), organización dedicada a la transparencia y la lucha anticorrupción en el país.
«No se va a lograr, esto fue una farsa, lamentablemente, políticos usaron la causa de la lucha contra la corrupción por fines proselitistas», afirmó categóricamente Hernández, dejando en evidencia lo que muchos analistas ya consideraban inevitable: el abandono definitivo de uno de los principales compromisos de campaña del actual gobierno.
En una contundente declaración, el titular de la ASJ señaló directamente a figuras políticas que capitalizaron el discurso anticorrupción para ascender a puestos de poder, para luego abandonar esas banderas una vez instalados en sus cargos. Entre ellos, mencionó explícitamente al actual presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
«El caso de Luis Redondo fue un abanderado de la lucha contra la corrupción, pero que solo se convirtió en presidente del Congreso Nacional y este poder del Estado es de los menos transparentes en la actualidad», criticó Hernández, exponiendo la contradicción entre el discurso y la práctica de las actuales autoridades legislativas.
La denuncia de la ASJ llega en un momento crucial, cuando el país comienza a entrar en la dinámica del próximo proceso electoral y cuando diversas organizaciones de sociedad civil han expresado frustración por la falta de avances concretos en materia anticorrupción, a pesar de haber sido uno de los ejes centrales de la campaña que llevó al poder al actual gobierno.
Hernández fue enfático al señalar que «el Gobierno engañó a la población», afirmando que desde la ASJ habían advertido esta situación desde hace tiempo. El activista explicó que la instalación de una comisión internacional anticorrupción ya no será posible en un contexto donde la clase política está concentrada en el próximo proceso electoral.
«La administración pública se paralizará en agosto, como ha sucedido históricamente en el pasado en período electoral, y los ministros se dedicarán a coordinar la campaña en algunos departamentos», pronosticó Hernández, evidenciando que las prioridades gubernamentales estarán lejos de impulsar mecanismos efectivos contra la corrupción.
Esta denuncia de la ASJ pone de manifiesto la frustración de diversos sectores de la sociedad civil que apostaron por un cambio en las prácticas de transparencia y rendición de cuentas, y que ahora ven cómo las promesas de campaña se diluyen frente a intereses políticos electorales.
La instalación de un mecanismo similar a la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) había generado expectativas entre la ciudadanía y la comunidad internacional como una herramienta para combatir la corrupción sistémica que ha plagado las instituciones hondureñas durante décadas.
La denuncia de la ASJ representa un duro golpe para la credibilidad del actual gobierno en materia de lucha anticorrupción, uno de los pilares fundamentales de su plataforma electoral y de sus primeras promesas al asumir el poder.
