Tegucigalpa, Honduras. – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció que el Fondo de Administración Solidaria operó entre 2023 y 2025 como un mecanismo de entrega de recursos públicos sin controles suficientes, con participación directa de diputados y sin una liquidación clara por parte de las instituciones responsables.
Según el informe presentado este 2 de septiembre de 2026, el Congreso Nacional canalizó 1,837 millones 349 mil 701.14 lempiras a través de una línea presupuestaria diseñada para gastos de emergencia, pese a que los recursos fueron utilizados para programas como becas, obras sociales, infraestructura menor, cupones alimenticios, kits tecnológicos e insumos médicos.
Aunque formalmente instituciones como la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDESOL), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) aparecen como ejecutoras, la investigación de ASJ sostiene que en la práctica los diputados tuvieron un papel central en la gestión de los beneficios.
La organización encontró que legisladores presentaban proyectos, solicitaban ayudas y gestionaban la entrega directa en comunidades, una práctica que, según el capítulo hondureño de Transparencia Internacional, abrió espacio para el uso de fondos públicos como herramienta de posicionamiento político.
El fondo fue creado en 2023 mediante las Disposiciones Generales de Presupuesto, que autorizaron al Congreso a asignar hasta 950 millones de lempiras anuales a siete instituciones del Estado.
Inicialmente, los recursos podían destinarse a becas de estudio, obras sociales e infraestructura menor.
Sin embargo, en 2025 se agregaron nuevas categorías, entre ellas cupones alimenticios, kits tecnológicos e insumos médicos.
El año de mayor movimiento fue 2024, cuando se ejecutaron 898.5 millones de lempiras entre SEDESOL, el FHIS y la SGJD.
Para ASJ, el problema no se limita al monto ejecutado, sino a la falta de trazabilidad posterior.
La organización señaló que ninguna de las entidades ejecutoras ha remitido a los organismos de control los informes de liquidación exigidos por la ley.
Incluso, SEDESOL admitió ante ASJ que todavía no liquida fondos correspondientes al período 2023-2025 y que no conoce con claridad el proceso que debía seguir para hacerlo.
“El problema no es únicamente quién recibió estos fondos, sino que ninguna institución fue capaz de decirnos con certeza cómo se liquidaron. Eso convierte al Fondo Solidario en un mecanismo diseñado para operar sin control”, señaló Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de ASJ.
Uno de los componentes cuestionados corresponde a los cupones y certificados alimenticios.
De acuerdo con el análisis, entre 2023 y 2025 se canjearon más de 187 millones de lempiras por ese concepto, pero apenas el 37 % ha sido liquidado.
La mayoría del monto restante permanece sin trazabilidad clara.
Además, más de 53 millones de lempiras en cupones fueron entregados a través de un grupo reducido de 26 diputados, todos pertenecientes al partido Libertad y Refundación (Libre).
En el caso de las becas estudiantiles, ASJ encontró otro punto de opacidad.
La organización indicó que BANADESA y SEDESOL firmaron un convenio con una cláusula de confidencialidad que ha sido utilizada para negar información sobre la liquidación de esos recursos.
Según ASJ, esa reserva no tendría respaldo suficiente, ya que la Ley de Transparencia solo permite restringir información pública bajo causales específicas que no cubrirían este tipo de datos.
Entre 2023 y 2025, un total de 50 diputados, entre propietarios y suplentes, gestionaron con SEDESOL más de 110 millones de lempiras en cerca de 22,000 becas estudiantiles.
La distribución, según la investigación, se concentró de forma desproporcionada en pocos nombres.
El exdiputado Rasel Antonio Tomé Flores, junto con su suplente, encabeza la lista con 29 millones de lempiras en 5,801 becas otorgadas.
Le sigue Hugo Rolando Noé Pino y su suplente, con 25.7 millones de lempiras en 5,142 becas.
La revisión de campo también dejó hallazgos sensibles.
En comunidades visitadas por ASJ, varias personas que aparecían como beneficiarias negaron haber recibido la ayuda reportada o afirmaron haber recibido un tipo de asistencia distinto al registrado en los listados oficiales.
En al menos un caso, una persona confirmó que no contaba con el negocio que aparecía en los documentos como destinatario del apoyo económico.
Para la organización, estos hallazgos refuerzan la necesidad de establecer controles reales sobre la entrega de ayudas financiadas con recursos públicos.
El informe también vincula el manejo del fondo con el contexto electoral.
ASJ identificó que, de los diputados que gestionaron becas, cupones, obras sociales u obras de infraestructura menor entre 2023 y 2025, un total de 23 resultaron reelectos en el proceso electoral más reciente.
Ese patrón, según la organización, apunta al uso de recursos públicos como una herramienta de campaña disfrazada de política social.
Ante esos hallazgos, ASJ planteó varias recomendaciones, entre ellas la aprobación de una Ley de Administración de Subvenciones, propuesta por la propia organización.
También pidió la publicación oportuna de beneficiarios, informes de liquidación y documentación que permita seguir la ruta del dinero público.
Otra de las recomendaciones centrales es prohibir expresamente que los diputados intermedien en la entrega de ayudas financiadas con fondos estatales, especialmente durante años electorales.
Para ASJ, el diseño actual del Fondo Solidario permitió mezclar política social, discrecionalidad legislativa y falta de control institucional.
La denuncia coloca nuevamente bajo escrutinio el uso de recursos públicos desde el Congreso Nacional, no solo por la cantidad ejecutada, sino por la imposibilidad de verificar con certeza quién recibió los beneficios, cómo se entregaron y si realmente llegaron a las personas reportadas.
El caso deja una advertencia de fondo: sin liquidación, sin trazabilidad y con diputados actuando como intermediarios, los fondos públicos destinados a ayuda social pueden terminar convertidos en instrumentos de poder político antes que en respuestas transparentes para las comunidades más necesitadas.
Cargando…
Recargar el documento 
Abrir en una nueva pestaña 
