Tegucigalpa – La violencia contra las mujeres en Honduras debería ser tratada con la misma urgencia y recursos que la extorsión, fenómeno que ya fue declarado emergencia nacional, según manifestó Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El representante de la organización criticó duramente lo que considera una evidente falta de voluntad política por parte del actual gobierno para enfrentar decisivamente la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en el país. «Así como la extorsión generó una emergencia nacional, el tema de la muerte violenta de mujeres también debería serlo. Ha faltado mucha determinación y sensibilización para abordar este tema con la responsabilidad que amerita», expresó.
Castañeda respaldó los constantes señalamientos realizados por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) sobre la creciente inseguridad que enfrentan las mujeres hondureñas. Lamentó especialmente que, a pesar de las promesas explícitas realizadas durante la campaña electoral, la situación se haya deteriorado significativamente.
«Hay que recordarlo: el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro hacía especial énfasis en la protección de las mujeres. Ella misma reconoció públicamente haber sido víctima de agresión y amenazas, y prometió verdadera protección y prevención de delitos contra las mujeres», recordó Castañeda, subrayando el contraste entre el discurso oficial y la realidad que enfrentan miles de hondureñas.
El experto en seguridad presentó cifras alarmantes para contextualizar la magnitud del problema. «Desde el 2022 al 2025, estamos hablando de casi 1,000 mujeres asesinadas en este país, muchos de estos crímenes relacionados directamente con la violencia de género, por el simple hecho de ser mujeres. Son femicidios», puntualizó.
Además de señalar la escalada de violencia, Castañeda denunció la falta de inversión y fortalecimiento institucional para combatir eficazmente este flagelo social. «Los planes de prevención, investigación y apoyo institucional han sido desatendidos. Vemos un Ministerio Público con muchas carencias humanas y logísticas. Esa debilidad se refleja en una impunidad del 90 al 95% en las muertes de mujeres», advirtió.
El director de ASJ concluyó su intervención con una valoración crítica sobre las expectativas no cumplidas del actual gobierno en materia de protección a las mujeres. «La vara les quedó muy alta. Honduras sigue siendo uno de los países más violentos de la región, y esa violencia nos sigue pasando una factura muy grande», señaló.
La organización se suma así a un creciente número de voces desde la sociedad civil que exigen acciones concretas, efectivas y urgentes frente a la ola de feminicidios que continúa azotando al país centroamericano, demandando no solo declaraciones sino medidas estructurales que aborden las causas profundas de la violencia contra las mujeres.
