Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha revelado desafíos significativos en la protección de niños y adolescentes en Honduras, particularmente aquellos en casas hogares y centros de abrigo temporal.
A pesar de los compromisos bajo la Convención sobre los Derechos del Niño, informes de organismos internacionales destacan que aún persisten desafíos institucionales y estructurales en el país.
En 2018, la entonces Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), que ha sido reemplazada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), inició un proceso para transformar 354 centros residenciales en centros de abrigo familiar temporal para 7,612 niños y adolescentes.
Sin embargo, Unicef ha señalado la falta de un registro nacional actualizado y una supervisión insuficiente de estas instituciones, lo que incluye la falta de seguimiento a los estipendios otorgados y la atención a víctimas de reclutamiento forzoso por maras y pandillas.
Durante una visita en abril de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó 742 desafíos que impiden el pleno goce de los derechos de la niñez en Honduras, señalando que muchos de estos desafíos son de carácter institucional.
ASJ ha respondido a estas necesidades mediante el fortalecimiento de la protección de la niñez y adolescencia a través de acciones que incluyen el mejoramiento del sistema educativo público, prevención del abuso sexual infantil, y el desarrollo de habilidades en comunidades afectadas por alta violencia.
A través de su programa Rescate, ASJ ha brindado asistencia técnica en 429 casos en 14 ciudades del país en la última década, incluyendo la desarticulación de redes criminales y la captura de violadores seriales.
En 2024, ASJ colaboró en la denuncia de maltrato infantil en un orfanato en Omoa, Cortés, llevando a cabo acciones legales contra los presuntos delitos de abuso sexual infantil y trata de personas.
ASJ insta al gobierno de Honduras a fortalecer las instituciones y programas destinados a proteger a la niñez y adolescencia, además de mantener una supervisión activa y continua de todas las Instituciones Residenciales de Cuidados Alternativos (IRCAS).
También recalca la necesidad de asignar recursos suficientes al Senaf para una supervisión efectiva y mejorar la eficacia de la Fiscalía de la Niñez y la Unidad de Trata de Personas del Ministerio Público para asegurar que los derechos de la niñez y adolescencia sean protegidos adecuadamente.
