Tegucigalpa, Honduras. – Los ingresos que obtienen creadores de contenido e influencers a través de plataformas digitales deberían ser objeto de mayor control por parte del Estado hondureño, advirtió el director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda.
El representante de ASJ señaló que este tema debe ser de “especial interés” para el Gobierno, especialmente en el marco del combate contra el lavado de activos y ante el riesgo de que estos espacios sean utilizados por personas vinculadas al crimen organizado.
Castañeda explicó que las plataformas digitales operan desde hace varios años en Honduras, pero el país continúa funcionando con mecanismos institucionales de hace 15 o 20 años, sin figuras específicas para dar seguimiento efectivo a las ganancias que algunos ciudadanos obtienen mediante estos servicios.
“Incluso ellos mismos públicamente lo dicen a diario de cuánto llegan a percibir solo a través de estas plataformas digitales. Entonces, sí es un tema que yo creo que, si es de especial interés, debería de ser de especial interés para el Gobierno, más aún que han elevado dentro de sus prioridades el combate contra el lavado de activos”, comentó.
El planteamiento de ASJ apunta a que instituciones como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Ministerio Público y otros entes competentes establezcan una política clara para identificar y dar seguimiento a las personas que generan ingresos mediante plataformas digitales.
Según Castañeda, el problema no radica únicamente en la existencia de ingresos por contenido digital, sino en la posibilidad de que esos recursos sean utilizados para justificar patrimonios sin controles suficientes.
El representante de ASJ advirtió que, mediante estas ganancias, una persona podría adquirir bienes muebles e inmuebles y respaldar su patrimonio con supuestos ingresos provenientes de plataformas digitales.
Por ello, consideró necesario que el Ministerio Público pueda acceder a información sobre ingresos, movimientos de cuentas personales y niveles reales de colaboración de las plataformas con la justicia hondureña.
Castañeda planteó que debe definirse hasta qué punto estas empresas digitales están dispuestas o legalmente obligadas a compartir datos cuando exista una investigación relacionada con posibles delitos financieros.
“Debería de ser de especial interés para el Gobierno”, reiteró.
El representante de ASJ vinculó esta preocupación con las prioridades oficiales en materia de combate al lavado de activos y propuso la creación de una mesa técnica para diseñar mecanismos de supervisión y control.
A su criterio, el riesgo aumenta porque las plataformas digitales son de fácil acceso, tienen una gran cantidad de consumidores y permiten mover ingresos en un entorno que todavía no cuenta con suficiente regulación o seguimiento institucional.
Castañeda advirtió que esas características pueden volverlas atractivas para actividades ilícitas, debido a que las estructuras criminales buscan mecanismos sencillos para mover dinero de origen ilegal o justificar recursos sin levantar sospechas.
“El riesgo”, remarcó, está en que el sistema hondureño no esté preparado para dar seguimiento a este tipo de ingresos.
El representante de ASJ insistió en que Honduras necesita encontrar “el mejor mecanismo” para supervisar estas actividades sin perder de vista el crecimiento de la economía digital.
La advertencia coloca sobre la mesa un nuevo desafío para las autoridades: actualizar los controles financieros frente a modelos de ingreso que no existían cuando fueron diseñados muchos de los mecanismos actuales de supervisión.
Para ASJ, fortalecer esa vigilancia permitiría reducir el riesgo de que plataformas digitales sean usadas como fachada por personas vinculadas al crimen organizado o como vía para aparentar legalidad en patrimonios de origen dudoso.
