Tegucigalpa, Honduras. – La audiencia de declaración de imputado contra el general en condición de retiro Roosevelt Hernández fue reprogramada luego de que su defensa legal acreditara que tenía otra diligencia judicial a la misma hora.
El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas debía comparecer este viernes a las 10:30 de la mañana en los juzgados de letra de lo penal, en el marco del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público por presuntos ataques a la libertad de prensa.
De acuerdo con información confirmada a Proceso Digital, el equipo legal de Hernández solicitó aplazar la audiencia debido a un cruce con otra actuación judicial previamente programada.
La petición fue aceptada por el juez, por lo que la diligencia deberá realizarse en una nueva fecha que aún no ha sido precisada.
El aplazamiento se produjo después de que este jueves se informara la denegatoria de un recurso de reposición presentado por la defensa contra la decisión judicial de admitir el requerimiento fiscal.
Horas más tarde, el juez aceptó la solicitud para reprogramar la audiencia de declaración de imputado.
El caso contra Hernández está relacionado con publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital vinculado a las Fuerzas Armadas, las cuales, según denuncias de periodistas y del gremio organizado, habrían formado parte de una campaña de desacreditación contra comunicadores.
El requerimiento fiscal señala al exjerarca militar por presuntos ataques a la libertad de prensa, derivados de contenidos en los que se acusaba a periodistas de mantener supuestos pactos irregulares.
La audiencia de declaración de imputado tiene carácter informativo.
En esa diligencia, el juez deberá comunicar formalmente al acusado los hechos que sustentan la acusación presentada por el Ministerio Público.
Aunque la comparecencia quedó aplazada, el proceso judicial continúa abierto y avanzará una vez que se fije la nueva fecha para que Roosevelt Hernández enfrente formalmente los señalamientos en sede judicial.
El expediente se mantiene bajo atención pública por tratarse de un caso que involucra al primer exjefe castrense requerido por hechos vinculados a presuntas afectaciones a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico en Honduras.
