Tegucigalpa – El martes, tanto el gobierno como los representantes de los empleados del sector público hicieron público un acuerdo histórico en una rueda de prensa celebrada en Casa Presidencial: un ajuste salarial que impactará positivamente a los burócratas hondureños.
El portavoz de la Central General de los Trabajadores (CGT), Daniel Durón, tuvo el honor de dar a conocer los detalles de este acuerdo ante los medios de comunicación.
Según Durón, el acuerdo se centra en un aumento salarial significativo de mil 300 lempiras para todos los trabajadores del sector público.
Pero no se detiene ahí: también se anunció un ajuste adicional de 100 lempiras por cada quinquenio de servicio, beneficiando así a aquellos empleados con mayor antigüedad, especialmente a aquellos que han dedicado décadas de su vida al servicio público.
En un gesto de reconocimiento, Durón elogió el compromiso y la dedicación demostrados por los trabajadores del sector público durante la pandemia, resaltando su capacidad para prestar servicios a la población en momentos de extrema necesidad.
Para garantizar una transición sin contratiempos, se acordó aplicar el ajuste retroactivo de los mil 300 lempiras durante un período de tres meses. Sin embargo, Durón fue sincero al admitir que, si bien este acuerdo representa un avance significativo, no satisface completamente las expectativas del sector trabajador.
Hilario Espinoza, otro destacado líder sindical, se sumó al anuncio, destacando que este ajuste beneficiará a alrededor de 60 mil empleados públicos, lo que demuestra su alcance y su impacto positivo en la economía y el bienestar de las familias hondureñas.
Por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, subrayó que este acuerdo supone un aumento significativo en el salario mínimo, brindando un alivio financiero para miles de trabajadores que han estado esperando este ajuste.
Finalmente, se confirmó que las negociaciones continuarán en abril, abordando temas relacionados con los efectos colaterales y garantizando así un proceso inclusivo y transparente en beneficio de todos los trabajadores del sector público.