Tegucigalpa, Honduras. – Con el proceso de juicio político contra los funcionarios electorales suspendidos entrando este lunes en su etapa investigativa, el diputado Alberto Cruz, miembro de la Comisión Especial del Congreso Nacional, salió a aclarar los alcances jurídicos de un proceso que ya genera debate sobre su legitimidad, sus garantías y las consecuencias de la probable ausencia de los imputados.
Cruz fue preciso al explicar en qué punto se encuentra el proceso: las declaraciones formales aún no han comenzado y la jornada se desarrolla en una fase preliminar antes de que se abra la etapa para la proposición y evacuación de medios probatorios, en la que tanto la comisión como los funcionarios señalados podrán presentar testigos y pruebas conforme a las garantías establecidas en la ley. «No podemos adelantar criterios ni determinar cuál prueba será aprobatoria; primero debe sustanciarse completamente la audiencia», señaló el congresista, poniendo freno a cualquier intento de anticipar resultados antes de que el proceso siga su curso.
Uno de los puntos más importantes que Cruz aclaró fue el peso jurídico de la eventual inasistencia de los funcionarios citados: no se trata de una admisión tácita de los hechos que se les imputan. Sin embargo, el diputado sí advirtió sobre las consecuencias políticas y morales de no comparecer: «En todo caso, estarían renunciando a su derecho de rendir declaración y a que el pueblo hondureño conozca sus descargos», recordando que se trata de audiencias públicas y televisadas, en las que la ciudadanía puede observar en tiempo real el comportamiento de cada funcionario ante el proceso.
El congresista también subrayó que hasta ese momento no existía confirmación oficial de la comparecencia o ausencia de los implicados, más allá de lo difundido en redes sociales, en una precisión que busca separar los hechos verificados de las declaraciones que Marlon Ochoa hizo públicamente en días anteriores anunciando que no se presentaría.
Ante las acusaciones de persecución política que han lanzado los funcionarios imputados y la bancada de Libre, Cruz fue categórico: «No es persecución política; es el cumplimiento de una responsabilidad institucional», argumentando que el Congreso Nacional tiene la obligación legal de dar trámite a denuncias graves mediante el mecanismo del juicio político, independientemente de la carga política que el proceso conlleve.
El diputado también reconoció que el juicio político anterior contra el exfiscal Johel Zelaya dejó lecciones importantes sobre las que existe «posibilidades de mejora», en una admisión que sugiere que la comisión es consciente de las críticas que generó ese proceso y busca aplicar un estándar más riguroso en el caso de los funcionarios electorales.
Cruz cerró con un recordatorio que busca enmarcar todo el proceso dentro del estado de derecho: los funcionarios imputados «deben ser considerados inocentes durante todo el proceso investigativo», conforme a lo que establece la ley hondureña, en una declaración que reafirma que el juicio político, aunque sea un mecanismo legislativo y no judicial, debe respetar en todo momento las garantías fundamentales de quienes son sometidos a él.
