Wellesley, Massachusetts. – Babson College ha instruido a su profesorado y personal para que brinden apoyo académico y comunitario a Lucía López Belloza (19 años), estudiante de primer año de negocios deportada a Honduras el 22 de noviembre pese a orden judicial que prohibía al gobierno trasladarla fuera de Massachusetts o Estados Unidos, mientras su abogado Todd Pomerleau afirma que no ha podido encontrar ningún registro de orden de deportación de 2015 que cita ICE como fundamento legal.
La decana Caitlin Capozzi informó al profesorado sobre la detención de López Belloza escribiendo: «Nuestro enfoque sigue siendo apoyar a la estudiante y a su familia, así como el bienestar de nuestra comunidad«, instruyendo que se brinde «apoyo académico adecuado durante la ausencia» de la estudiante que ahora se encuentra con sus abuelos en Honduras tras haber emigrado de ese país cuando tenía 7 años.
López Belloza fue detenida en el Aeropuerto Internacional Logan el 20 de noviembre cuando intentó abordar vuelo para sorprender a su familia en Texas durante Día de Acción de Gracias, siendo informada de «problema con su tarjeta de embarque» ya después de haber pasado control de seguridad, situación que derivó en su arresto por agentes de inmigración.
Fue deportada a Honduras dos días después, a pesar de orden judicial que prohibía su traslado, violación que el gobierno federal admitió posteriormente mediante fiscal Mark Sauter quien ofreció «disculpa sincera» en tribunal federal de Boston reconociendo que agentes «violaron orden», aunque autoridades no han facilitado su regreso pese a que clases comenzaron.
El presidente de Babson, Stephen Spinelli, indicó que la universidad no haría más comentarios debido a consideraciones legales y de privacidad, escribiendo: «Entendemos que esta noticia puede resultar inquietante, especialmente para nuestros estudiantes, profesores y personal, quienes ya podrían estar atravesando momentos de incertidumbre«, reconociendo impacto emocional del caso en comunidad universitaria.
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un juez de inmigración ordenó deportación de López Belloza en 2015 cuando tenía aproximadamente 8 años, aunque su abogado Pomerleau afirma no poder encontrar registro de esa orden, generando cuestionamientos sobre fundamento legal que ICE invocó para justificar deportación que violó orden judicial de protección emitida por tribunal federal.
Al ser preguntado sobre orden de emergencia que prohibía deportación, el Departamento de Seguridad Nacional emitió comunicado que confirmaba detención pero no se refería a la orden judicial, evadiendo así pronunciamiento sobre violación de protección judicial que posteriormente gobierno federal tuvo que admitir en tribunal tras moción por desacato presentada por abogado de la estudiante.
Capozzi afirmó que la universidad está «siguiendo los protocolios y manteniéndose informada», proporcionando enlaces a recursos para estudiantes, mientras Babson —campus de Wellesley al oeste de Boston con 2,800 estudiantes de pregrado— se prepara para brindar apoyo académico que permita a López Belloza continuar estudios desde Honduras si no logra regresar.
La instrucción de Babson al profesorado para apoyar académicamente a López Belloza durante su ausencia sugiere que universidad contempla escenario donde estudiante debe completar semestre desde Honduras mediante arreglos académicos especiales, ante incertidumbre sobre si gobierno federal facilitará su regreso pese a admitir error de deportarla violando orden judicial.
El caso de López Belloza —quien emigró a 7 años y fue deportada a 19 años cuando intentaba visitar familia en Acción de Gracias— representa ejemplo de estudiantes universitarios indocumentados que enfrentan deportación bajo políticas de administración Trump, pese a tener órdenes judiciales de protección que agentes de inmigración ignoran ejecutando remociones que violan autoridad de tribunales federales.
La contradicción entre ICE citando orden de deportación de 2015 (cuando López Belloza tenía 8 años) versus abogado sin encontrar registro de esa orden, genera interrogantes sobre transparencia del sistema de inmigración y posibilidad de que deportaciones se ejecuten invocando órdenes inexistentes o inaccesibles que no pueden ser verificadas por defensa legal de deportados.
