Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, ha anunciado que en las próximas horas se presentará un recurso de institucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debido a la aprobación y publicación de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).
La congresista ha afirmado que la aprobación del convenio constituye una violación a las normas constitucionales y ha denunciado una supuesta «confabulación» entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, ya que no se contó con los votos necesarios según lo establece la ley.
Por su parte, el diputado Nelson Márquez, también miembro del Partido Nacional, ha expresado que tienen todo el derecho de interponer este recurso, ya que consideran que el oficialismo está intentando imponer las cosas por la fuerza.
Es importante mencionar que a principios del mes de agosto, un grupo de parlamentarios de diferentes partidos políticos, incluyendo liberales, nacionales y del Partido Salvador de Honduras (PSH), presentaron una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por la misma causa.
En dicha denuncia se mencionaba al presidente del Legislativo, Luis Redondo, así como a los secretarios Carlos Zelaya y Angélica Smith.
El pasado 25 de julio, la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, lo cual generó gran inconformidad y rechazo no solo por parte de la oposición, sino también de otros sectores y analistas.
Esta situación ha generado un intenso debate en el ámbito político y ha puesto en evidencia las diferencias y tensiones existentes entre los diferentes actores políticos del país.
El recurso de institucionalidad presentado ante la Corte Suprema de Justicia busca que se revise la legalidad y constitucionalidad de la adhesión a la Corporación Andina de Fomento, y se determinen las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados en este proceso.
Es importante destacar que este recurso es una acción legal que busca garantizar el respeto al orden constitucional y el Estado de Derecho en Honduras.
