Tegucigalpa – La empresa Bonacco Electric Company (BELCO) de Guanaja denunció este jueves que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha intervenido sus operaciones, asumiendo el control de su planta de generación, distribución y comercialización eléctrica.
Esta acción ha sido calificada por BELCO como la “primera confiscación de bienes a la empresa privada de Honduras”.
Según un comunicado emitido por la junta directiva de BELCO y publicado en sus redes sociales, la empresa se reserva el derecho a emprender acciones legales en defensa de sus derechos, afirmando que han sido “vulnerados por decisiones arbitrarias y confiscatorias” que perjudican tanto a la empresa privada como a la población general.
BELCO subrayó que es la única propietaria de la planta de generación, la red de transmisión y distribución, así como de todos los componentes de comercialización de electricidad en la isla de Guanaja.
La empresa destacó que, durante 38 años, ha proporcionado el servicio de electricidad en la isla. Sin embargo, la falta de renovación de su licencia de operación por parte de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y la Secretaría de Energía ha impedido que puedan realizar las inversiones necesarias para mejorar el servicio.
La intervención por parte de la ENEE, ordenada por Erick Tejada, ministro de Energía y gerente interino de la ENEE, se basa en el Acuerdo SEN-41-2024 del 2 de mayo de este año. Ni la ENEE ni el gerente interino Tejada informaron previamente sobre esta acción en la isla caribeña.
El comunicado de BELCO detalla que la ENEE asumirá todas las responsabilidades relacionadas con el suministro, distribución y comercialización de la energía eléctrica en Guanaja.
El pasado 30 de abril, Tejada anunció en sus redes sociales que “pronto inauguraremos la planta solar híbrida de la ENEE en Guanaja”.
Esta intervención se enmarca en la nueva ley de energía aprobada en 2022, que permite al gobierno asumir el control de empresas privadas del sector energético si no se logran acuerdos de precios razonables o si el servicio es considerado deficiente.
Esta legislación ha sido criticada por el sector privado como una amenaza de expropiación y un mensaje de inseguridad jurídica.
Policías y militares fueron desplegados en el plantel de BELCO en Guanaja para ejecutar la intervención, lo que subraya la gravedad de la situación y las tensiones entre el sector privado y el gobierno en la gestión de los recursos energéticos del país.
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