Tegucigalpa.- El expresidente Juan Orlando Hernández denunció desde prisión estadounidense una «confabulación» entre la Administración Biden y la «izquierda radical de Libre» para impulsar su extradición y posterior condena en lo que califica como «lawfare», el uso del sistema judicial como arma política para facilitar que el partido oficialista se mantuviera en el poder.
En una carta pública fechada el 5 de noviembre de 2025, Hernández reveló que «esa confabulación es un hecho reconocido incluso por altos dirigentes del propio partido Libre, quienes han hecho públicas estas revelaciones», sugiriendo divisiones internas en el oficialismo sobre los métodos utilizados para su procesamiento judicial.
Grabaciones de narcos que «nunca mencionaron su nombre»
Hernández afirmó que existen grabaciones donde «los mismos narcos reconocen» que debían apoyar al partido Libre porque era «su única alternativa para revertir la extradición y las leyes contra el narcotráfico» que él había promovido y aprobado desde el Congreso Nacional entre 2010 y 2014.
El expresidente sostuvo que cuando narcotraficantes se reunieron con el Departamento de Justicia y la DEA para ofrecer cooperación, fueron interrogados sobre políticos hondureños y entregaron nombres, grabaciones y evidencias, «pero nunca mencionaron mi nombre».
Durante su juicio, Hernández aseguró que el «testigo» que grabó los narco videos reconoció que «nunca tuvo ni tenía videos, ni documentos, ni evidencia alguna» que respaldara las acusaciones en su contra.
Contradicción sobre «protección» a narcotraficantes
El expresidente destacó una contradicción fundamental: mientras testigos alegaron sentirse «protegidos» de extradición e incautación de bienes, «fue precisamente con las leyes que yo promoví» que el Estado hondureño incautó casi mil millones de dólares en bienes a ese grupo criminal.
«¿Dónde está entonces la supuesta protección? Nunca la hubo«, cuestionó Hernández, agregando que el testigo «admitió ante el juez que huyó de Honduras porque temía ser encarcelado y extraditado bajo las leyes que mi gobierno fortaleció».
Campaña de «ataques» y «verdadera narco dictadura»
Hernández denunció que «la izquierda radical de Honduras y de Venezuela» lanzó una «campaña de ataques» contra su gobierno, acusándolos falsamente de ser una «narco dictadura» para «ocultar sus propios vínculos con el narcotráfico».
Según el expresidente, el objetivo era «desviar la atención de la verdadera narco dictadura: el régimen autoritario de sus aliados en Venezuela», sugiriendo conexiones entre el oficialismo hondureño y el gobierno venezolano.
«Asesinato político» y facilitación del poder
El documento revela que «la izquierda radical buscó mi asesinato político y estando expatriado, fuera de Honduras, se le facilitaba a Libre seguir en el poder», caracterizando su procesamiento judicial como estrategia política para eliminar competencia electoral.
Hernández afirmó que a «esta campaña se sumaron políticos de izquierda radical en Estados Unidos y algunos funcionarios que contribuyeron a pavimentar el camino para que Libre llegara al poder en Honduras.
Llamado a «lucha» y promesa de retorno
El expresidente hizo un llamado a los «hermanos y hermanas hondureños» a «unirse a esta lucha» y «díganle al mundo que soy inocente», manteniendo su estrategia de movilización popular desde prisión.
«Seguiré contando todo lo que ocurrió, porque lo que hoy vive Honduras es el resultado de una conspiración política y criminal que empezó hace más de una década», prometió Hernández, quien mantiene su discurso de víctima de persecución política.
La carta concluye con «fe en Dios y en la justicia, sé que pronto volveré a Honduras», evidenciando su expectativa de eventual exoneración y retorno al país centroamericano.
Contexto de crisis electoral hondureña
La publicación de esta carta coincide con la crisis electoral que atraviesa Honduras a semanas de los comicios generales, donde múltiples instituciones enfrentan cuestionamientos sobre independencia y transparencia.
Las acusaciones de Hernández sobre «confabulación» entre actores internacionales y nacionales agregan una dimensión controversial al debate electoral, especialmente considerando las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Xiomara Castro.
