Tegucigalpa, Honduras. – El bipartidismo —Partido Nacional y Partido Liberal— se reunió este viernes por primera vez para establecer acuerdos sobre integración de junta directiva del Congreso Nacional para periodo 2026-2030, sin alcanzar consensos definitivos aunque acordaron continuar diálogo hacia el 21 de enero cuando debe integrarse nueva directiva que tomará posesión el 25 del mismo mes en sesión solemne que marca inicio de legislatura bajo gobierno de Nasry Asfura.
El diputado nacionalista Mario Pérez informó que el Partido Nacional pretende presidir el Congreso mientras demás cargos de junta directiva sean de integración basada en agenda que país requiere, incluyendo reformas a Ley Orgánica del CN y normativa electoral, estableciendo posición inicial de nacionalistas que reconocen legitimidad de aspiraciones liberales pero proponen que PN presida para garantizar complementariedad con Ejecutivo.
«Lo más rescatable de la reunión de hoy es que ya estamos hablando, será una mesa de trabajo permanente de aquí en adelante hasta lograr los acuerdos», expresó Pérez, quien lamentó que no haya montado proceso de transición con autoridades salientes del CN presidido por Luis Redondo a quien el nacionalista Tomás Zambrano exigió días atrás «arreglar maletillas» e irse a su casa.
El subjefe de bancada nacionalista, Nelson Márquez, dijo que Honduras no puede transitar por vía de imposiciones, por lo que dialogarán sobre todos los temas: «Hemos iniciado con pie derecho porque estamos dialogando con la segunda fuerza política en el Poder Legislativo, entonces en este momento la propuesta es seguir dialogando, lógicamente no hemos llegado a conclusiones esta tarde».
Márquez aseguró que consensos entre los dos partidos más antiguos de Honduras lograrán generar «paz y tranquilidad» para que inversión privada tenga condiciones para generar empleos y riqueza, vinculando así acuerdo legislativo con estabilidad política necesaria para atracción de capital que el presidente electo Asfura prometió a Bloomberg facilitaría mediante reducción de gasto público.
El dirigente del PL, Allan Ramos, señaló que trabajan junto al PN para lograr gobernabilidad legislativa e «interpretar lo que ordenó el pueblo en urnas» en elecciones generales, coincidiendo que reformas electorales es tema toral en agenda parlamentaria tras crisis generada por decreto 58-2025 del oficialismo que intentó desconocer resultados certificados por CNE.
Ramos no ocultó que el PL sigue con intención de tener presidencia del Poder Legislativo: «Queremos que este gobierno sea un éxito porque si le va bien se traduce en mejora para el pueblo hondureño. Vamos a seguir con las reuniones, hoy fue un buen primer encuentro«, manteniendo así aspiraciones liberales pese a propuesta nacionalista de que PN presida Congreso.
Octavio Pineda, del PL, resaltó que pueblo hondureño fue sabio al distribuir con sus votos (80%) el mandato en Cámara Legislativa, explicando que comisión abre diálogo para establecer consensos políticos que ahora llevarán a máximas autoridades para conocer decisiones: «Para el Partido Liberal esto no se trata de distribución de cargos, es algo más importante como la construcción de una agenda que resuelva los problemas del país».
La comisión nacionalista la integran: María Antonieta Mejía, Juan Diego Zelaya, Mario Pérez, Lissi Matute Cano, Kilvett Bertrand, Johana Bermúdez, Nelson Márquez y Juan Carlos García, mientras la comisión liberal la confirman: Marlon Lara, Yury Sabas, Erika Urtecho, Alexander López, Allan Ramos, Nahun Cálix, Octavio Pineda y Francis Cabrera, configurando equipos negociadores que representan a bancadas mayoritarias del próximo Congreso.
La reunión del viernes representa inicio de negociaciones formales entre bipartidismo que controlará aproximadamente 80% de escaños del Congreso entrante, excluyendo de conversaciones iniciales al Partido Libre —reducido a tercera fuerza— que determinó con Manuel Zelaya «dejar que sean liberales y nacionalistas» los que definan junta directiva, renunciando así a disputar presidencia legislativa que ocupó Redondo durante mandato de Xiomara Castro.
La ausencia de proceso de transición lamentada por Pérez evidencia que Congreso presidido por Redondo no facilitó traspaso ordenado de información, documentación o procedimientos a nueva legislatura, contrastando con prácticas institucionales donde autoridades salientes coordinan con entrantes para garantizar continuidad operativa del Poder Legislativo entre periodos legislativos.
El énfasis de Pineda en que «no se trata de distribución de cargos» sino de «construcción de agenda» busca elevar negociación más allá de reparto burocrático hacia acuerdo programático sobre reformas electorales y otras iniciativas legislativas que ambos partidos consideran prioritarias tras crisis institucional generada por decreto del oficialismo.
La inclusión de reformas electorales como tema «toral» en agenda parlamentaria refleja consenso bipartidista sobre necesidad de modificar normativa que permitió crisis post-electoral mediante mecanismos como decreto 58-2025, buscando establecer reglas claras que impidan futuros intentos de desconocer resultados certificados por organismos electorales autónomos.
El plazo del 21 de enero para integrar junta directiva genera urgencia en negociaciones que deben resolverse en 6 días, aunque declaraciones de ambas comisiones sugieren disposición a continuar diálogo permanente hasta alcanzar acuerdos que garanticen «paz y tranquilidad» legislativa durante gobierno de Asfura que asumirá 27 de enero.
