Por: María Luz Nóchez | El PaísLa elección de concejos municipales y parlamento centroamericano el pasado 4 de marzo cerró el ciclo electoral en El Salvador. El resultado le dio la mayoría al partido de Nayib Bukele en todas las instancias de elección popular, pero a excepción de su reelección inconstitucional, la aplanadora cyan en la Asamblea Legislativa y en la alcaldías tiene menos que ver con la popularidad del presidente (la campaña no tuvo más propuesta que trabajar de la mano con él) y más con el fraude.
Los fanáticos del presidente y su partido dirán que hablar de fraude es una exageración y que en realidad fue la voluntad popular la que habló para eliminar a la oposición, pero eso también es cuestionable tomando en cuenta que el ausentismo marcó de manera clave el ciclo electoral que recién se cerró. Solo el 52,6% de la población votó en las presidenciales y legislativas, y apenas un aproximado de entre el 38% el 40% fue a votar por sus alcaldes. Las irregularidades entre una elección y otra probablemente incidieron en el desdén de la población, pero también hay que recordar que esa población perdió su jurisdicción electoral con la reforma que aprobó la Asamblea oficialista apenas siete meses antes de las elecciones. Una reforma que reorganizó el país políticamente de 262 municipios a solo 44.
El oficialismo puede repetir las veces que le parezca necesario que era una manera de ahorrar dinero, pero haberse agenciado 43 de 44 alcaldías posibles entre su partidos y los aliados al oficialismo solo deja en claro que la intención verdadera era acumular todo el poder que fuera posible. Y, claro, para evitar los señalamientos de dictadura, se disfrazó todo de un proceso electoral que no tuvo garantías para nadie– ni para los observadores internacionales–, más que para el oficialismo.
Cuando la noche del 3 marzo Bukele se pronunció ganador y anunció que habían ganado 58 de 60 escaños posibles en la Asamblea Legislativa, ni siquiera se habían terminado de contar los votos para presidente y las cajas de los votos legislativos ni siquiera se habían abierto. Como buen señor de los signos, Bukele lo que en realidad quería era anunciar su versión de la democracia con un partido hegemónico. Lo que le siguió a ese discurso fue la peor demostración de vigilancia del voto que se vio en El Salvador en era democrática. Curiosamente en el ocaso de esta, antes de la instalación de la dictadura.
No solo falló el sistema de conteo de votos, que duplicaba marcas para el partido de Bukele y no atribuía las de los partidos opositores, el absurdo más grande fue que las Juntas Receptoras de Votos ni siquiera tenían internet y en algunas hasta se fue la luz. Las personas a cargo trabajaron hasta altas horas de la madrugada para dejar el conteo de cada una de las urnas usando papel y lapicero. Las irregularidades fueron tales que se encontraron bolsas llenas de papeletas arrinconadas en centros escolares que sirvieron como centro de votación y las cajas que contenían los votos tenían evidentes signos de haber sido adulteradas. La cadena de custodia está diseñada de tal manera que distintas instituciones resguarden el material electoral. Pero como en El Salvador no existe la separación de poderes desde mayo 2021, no se puede garantizar que lo que se esté protegiendo sean los derechos de los ciudadanos en lugar de los del presidente.
El proceso fue tan deficiente e irregular que la misma presidenta del Tribunal Supremo Electoral habló de intervención en el proceso para “boicotearlo”. La funcionaria, designada por el oficialismo, no dio declaraciones al respecto y acusó a la prensa de desinformar y no ser “objetivos” por señalar que José Cristian Portillo Portillo, jefe de la Unidad de Sistema Informático del Tribunal, fue un empleado de confianza del presidente Bukele entre 2015 y 2021.
Y eso fue apenas el inicio de un fraude descarado, en el que papeletas que se doblan hasta cuatro veces para entrar en las urnas aparecieron lisas en las mesas de escrutinio final mientras que otras aparecieron marcadas con plumón en lugar del crayón que el mismo Tribunal otorga como parte del paquete electoral. El conteo de votos tuvo en su mayoría vigilantes de Nuevas Ideas que con matonería y prepotencia negaron el acceso a la prensa. Querían evitar la presencia de partidos de oposición e incluso expulsaron a una observadora de la OEA. El paquete autoritario no habría estado completo sin la presencia exagerada y no solicitada de la Policía Nacional Civil.
El resultado fue favorable para el oficialismo, pero los números obtenidos hubieran cambiado la aritmética en el Congreso en donde la oposición, de no haberse cambiado la fórmula del conteo de votos, habría obtenido al menos 11 escaños. La meta era clara: mermar a los partidos minoritarios. La estrategia funcionó tan bien que hasta dejó fuera al partido que llevó a la presidencia a Bukele.
La oposición ha quedado ahora restringida a tres diputados y una alcaldía, entre quienes destaca la figura de Claudia Ortiz, a quien desde que se confirmó su reelección le montaron una campaña de desprestigio asegurando que los votos que recibió eran de pandilleros. Todo por ser una de las voces que ha pedido en repetidas ocasiones que se derogue el régimen de excepción, que este marzo cumple dos años de vigencia, y por hacer eco de las miles de capturas arbitrarias que han incluso significado la muerte para gente inocente dentro de las cárceles.
Voces como las de Ortiz son valiosas para los tiempos oscuros que vive El Salvador, en donde la democracia joven ha sido enviada al cajón como quien guarda el árbol de Navidad en enero, pero no deja de ser preocupante que la disidencia no tiene en cuenta luchas fundamentales para todos.
Garantizar el acceso a la educación sexual integral para la niñez y la adolescencia, por ejemplo, también es parte de vivir en una sociedad democrática en la que se toman decisiones informadas de manera libre. Sobre el tema, que se ventiló a la víspera de la elección municipal, solo hubo silencio de parte de esta nueva oposición, una que después de todo es de derecha conservadora y que antepone las creencias a los derechos. Es cierto, hay poquísimo margen de acción en un sistema controlado por una sola persona y sus secuaces, pero si esas personas que tienen el altavoz a su alcance no alzan la voz ante el retroceso en derechos fundamentales, la población tiene menos herramientas para exigir lo que le pertenece.
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