Tegucigalpa, Honduras. – La aprobación de la Ley de Justicia Energética recibió el respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), organismo que reafirmó su disposición de acompañar técnicamente a Honduras en la implementación de las reformas al subsector eléctrico.
La representante de CAF en el país, Viviana Casco, consideró que la nueva legislación representa un avance “muy importante” para Honduras, especialmente porque el sistema de gobernanza del sector energético necesitaba ajustes.
Casco señaló que el proyecto aprobado responde, en términos generales, a la coordinación impulsada por el Gobierno para hacer realidad la reforma, por lo que felicitó tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo y a los diputados que votaron a favor.
“Realmente felicitamos al Gobierno las gestiones realizadas, tanto por el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, y todos los diputados que votaron a favor de la reforma”, expresó.
La representante del organismo multilateral subrayó que, tras la aprobación de la ley, el desafío principal será su implementación. A su criterio, los cambios en el sector energético requieren tiempo, planificación y seguimiento técnico.
Casco explicó que no se trata de un reto exclusivo de Honduras, ya que distintos países de la región enfrentan hojas de ruta críticas para fortalecer sus empresas de energía y mejorar la gobernanza del sector.
En ese proceso, aseguró que los organismos internacionales están trabajando para acompañar a los países en sus reformas energéticas.
En el caso de Honduras, la CAF apoyará mediante cooperación técnica no reembolsable, orientada a respaldar la aplicación de la ley y los ajustes necesarios para avanzar en la transformación del sistema eléctrico.
“Ahora el desafío es implementar la ley, que toma tiempo. Todos los organismos internacionales estamos trabajando, CAF también está apoyando con cooperación técnica no reembolsable”, manifestó Casco.
La Ley de Justicia Energética fue aprobada por el Congreso Nacional como parte de los esfuerzos para reorganizar el subsector eléctrico, fortalecer la institucionalidad, atraer inversión y mejorar el funcionamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
