Washington, Estados Unidos.— Con el reloj electoral a nueve días del 30 de noviembre, el canciller Javier Bu Soto voló a la capital estadounidense para contener el incendio diplomático que ya obliga a cinco naciones a convocar sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.
Su misión: convencer al secretario general Albert Ramdin de que en Honduras todo está bajo control, mientras la comunidad internacional eleva el tono por presuntas injerencias del poder ejecutivo en el CNE y el TJE.
El encuentro, revelado por el propio Ramdin en X, muestra al diplomático hondureño desgranando datos sobre procedimientos, clima político y opinión pública, en un intento por deshacer la imagen de crisis institucional que proyectan fiscalía y gobierno contra autoridades electorales.
Pero la respuesta del jefe de la OEA fue una losa de realismo: reiteró que “las elecciones deben estar libres de toda injerencia política por parte de las instituciones estatales”, mensaje que enciende las alertas sobre presiones al Ministerio Público y a magistrados.
La cancillería, lejos de frenar, aceleró el operativo de seducción: por instrucciones directas de Bu Soto, el embajador Eduardo Rosales Ramírez —asesor del canciller y enlace oficial con la Misión de Observación Electoral— se reunió de inmediato con el subjefe de la misión, Gerardo Sánchez, para blindar la narrativa de transparencia ante los observadores internacionales.
El llamado de Ramdin a “todos los líderes políticos, candidatos y ciudadanos” para “contribuir positivamente” y garantizar un proceso “ordenado y pacífico” suena a última advertencia antes de la sesión de emergencia del martes, donde la presión regional podría desnudar las contradicciones entre el discurso oficial y la persecución judicial que ya sombrea las elecciones generales.
