Tegucigalpa – Las elecciones primarias celebradas el pasado domingo en Honduras, previas a los comicios generales del 30 de noviembre, se vieron empañadas por graves problemas logísticos que han puesto en entredicho la capacidad organizativa de dos instituciones fundamentales: las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En un hecho sin precedentes, numerosos centros de votación en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, abrieron con más de doce horas de retraso debido a la fallida distribución del material electoral, responsabilidad que recae directamente en los militares.
La situación generó desconcierto entre los más de 5,8 millones de hondureños convocados a las urnas, muchos de los cuales madrugaron para ejercer su derecho al voto, solo para encontrarse con centros electorales cerrados. Según, numerosos ciudadanos regresaron varias veces durante el día, incluso en la madrugada del lunes, ya que en algunos casos el material electoral no llegó hasta las 22:00 hora local.
Particularmente llamativo fue el insólito método de distribución utilizado en Tegucigalpa, donde decenas de maletas electorales fueron transportadas en microbuses del transporte urbano, conocidos localmente como «rapiditos», en lugar de utilizar los vehículos oficiales designados para esta tarea.
Las explicaciones ofrecidas por las autoridades han sido poco convincentes. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, justificó la demora como «parte de la experiencia que se está adquiriendo», declaración que generó perplejidad considerando que los militares llevan casi medio siglo siendo responsables del traslado y custodia del material electoral desde que Honduras retornó al orden constitucional en 1980.
Las críticas no se hicieron esperar. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de opositores sugiriendo un posible fraude o una estrategia del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre) para desalentar la participación ciudadana. Por su parte, representantes del oficialismo responsabilizaron del desorden a los opositores partidos Liberal y Nacional.
El incidente ha salpicado también a Rixi Moncada, precandidata presidencial del partido gobernante y actual ministra de Defensa desde septiembre de 2024, quien tiene autoridad directa sobre el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público (Fiscalía) ha anunciado una investigación exhaustiva, señalando que «el pueblo hondureño debe saber quién fue el responsable o responsables directos e indirectos de la obstrucción en el transporte y la entrega del material electoral» y asegurando que llegarán «hasta el final» en sus pesquisas.
Este episodio ha levantado serias preocupaciones sobre la transparencia y eficiencia que podrían esperarse en las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre, especialmente considerando que los comicios se realizarán bajo la supervisión de las mismas instituciones cuestionadas.
A pesar de los problemas logísticos, es importante destacar que las elecciones primarias se desarrollaron en un ambiente pacífico, un hecho significativo en un país cuya historia política ha estado marcada por guerras intestinas, elecciones amañadas, fraudes y golpes de Estado en los últimos 75 años.
