Tegucigalpa – La captura del general retirado Romeo Vásquez Velásquez el 5 de enero de 2025 por el Ministerio Público de Honduras ha reabierto uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país: la muerte del joven Isis Obed Murillo durante las protestas posteriores al golpe de Estado de 2009.
El requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos no solo implica a Vásquez Velásquez, sino también a otros dos altos oficiales: Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúñez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales.
Se les acusa de responsabilidad en el homicidio de Murillo y las lesiones graves causadas a Alex Roberto Zavala Licona durante una manifestación pacífica en el Aeropuerto Internacional Toncontín.
Las investigaciones del Ministerio Público revelan que las acciones militares fueron «brutalmente desproporcionadas», utilizando fusiles M16 contra manifestantes desarmados. Un punto crucial del caso es que estos actos no habrían sido acciones aisladas, sino crímenes ejecutados bajo órdenes directas de la alta jerarquía militar.
La reacción del general Vásquez Velásquez tras su captura fue inmediata. A través de su cuenta en X, calificó su detención como una persecución política, afirmando: «Nunca di una orden de atentar contra ningún hondureño». Sus declaraciones sugieren un enfrentamiento directo con el gobierno actual, al que acusa de intentar silenciarlo.
Por su parte, el canciller Enrique Reina ha defendido enérgicamente la acción judicial, recordando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había determinado que el golpe de Estado fue un «ilícito internacional».
Reina enfatizó que las violaciones de derechos humanos son imprescriptibles según los convenios internacionales suscritos por Honduras, y que el caso de Isis Obed Murillo representa «el asesinato cobarde de un joven mártir en defensa de la democracia nacional».
El caso ha ganado especial relevancia por estar documentado por medios internacionales y haber sido presenciado por miles de personas que participaban en la manifestación pacífica. El canciller también denunció intentos de encubrimiento mediático en aquel momento, incluyendo la publicación de fotografías supuestamente manipuladas.
Esta detención representa un momento significativo en la búsqueda de justicia por los eventos del golpe de Estado de 2009, especialmente considerando que el caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas organizaciones internacionales.
La acción judicial pone a prueba la capacidad del sistema de justicia hondureño para procesar violaciones de derechos humanos históricas y su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho.
El desarrollo de este caso será crucial para establecer precedentes sobre la responsabilidad de altos mandos militares en violaciones de derechos humanos y podría marcar un antes y después en la lucha contra la impunidad en Honduras.
