San Pedro Sula, Honduras. — Los dos principales sospechosos de la muerte violenta de la estudiante de medicina Valeria Alvarado Borjas, Dennis Alexander Galván Canales y Ariel Alexander Boquín Chávez, presentaban un extenso historial delincuencial relacionado con agresiones sexuales, secuestros y robos a mujeres, según revelaron las autoridades este miércoles.
Dennis Alexander Galván Canales enfrentaba cuatro órdenes de captura por agresión contra cinco testigos protegidos, y los documentos judiciales lo señalan por abuso sexual, robo con violencia e intimidación, asociación para delinquir y secuestro.
Ariel Alexander Boquín Chávez, detenido en San Pedro Sula el 23 de febrero, ya había sido capturado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) el 27 de septiembre de 2018 en la Operación Ciclón IX, que resultó en alrededor de 50 detenciones en la capital industrial.
En ese proceso, coordinado por la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER) y la ATIC, Boquín fue acusado de estar vinculado a violaciones seriales.
En diciembre de 2020, un Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en San Pedro Sula lo condenó a 11 años de prisión por violación continuada. A pesar de la condena, recobró su libertad y, según las investigaciones actuales, volvió a cometer delitos similares.
La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) identificó que ambos formaban parte de una estructura criminal organizada dedicada a secuestros, asesinatos, violaciones, robo de vehículos y otros ilícitos en diferentes zonas del país.
Los delincuentes perfilaban a sus víctimas —en su mayoría mujeres—, las interceptaban cuando estaban solas, las privaban de libertad, les robaban vehículos y dinero de tarjetas, y abusaban sexualmente de ellas.
Las autoridades vinculan a Galván y Boquín con raptos y agresiones similares en Siguatepeque, Comayagua. Ambos guardan prisión en el centro penal de El Progreso, Yoro, mientras avanza el proceso judicial por el asesinato de Valeria Alvarado, quien fue secuestrada el 15 de febrero y hallada sin vida el 22 del mismo mes con tres impactos de bala.
Este caso ha generado indignación nacional y renovados llamados a fortalecer la investigación y persecución de redes criminales dedicadas a la violencia sexual y el secuestro en Honduras.
