Capturan a administrador de Koriun mientras miles de aportantes siguen sin respuestas claras

MP asegura que Iván Velásquez está vinculado a una red criminal que operaba tras la fachada de la empresa de inversiones, pero evita dar detalles concretos sobre recuperación de fondos

Tegucigalpa – El Ministerio Público concretó esta mañana la captura de Iván Abad Velásquez Castro, administrador de Koriun Inversiones, en un nuevo giro del escándalo financiero que mantiene en vilo a más de 35,000 hondureños que confiaron sus ahorros a esta empresa no regulada.

La detención llega en un contexto de creciente presión social y contradicciones institucionales sobre los montos realmente involucrados en este caso. Mientras el MP asegura que tras la fachada de Koriun «opera una red criminal vinculada a hechos delictivos graves que están bajo investigación», los detalles específicos sobre estas conexiones permanecen en la sombra bajo el recurrente argumento de «no entorpecer las investigaciones».

El comunicado oficial presenta una justificación que parece extraída de un manual de relaciones públicas en crisis: la captura de Velásquez se realiza «para salvaguardar su integridad» y «proteger el dinero de los aportantes». Sin embargo, esta narrativa genera más preguntas que respuestas, especialmente considerando que apenas hace unos días, cuando se encontraron 50,000 dólares ocultos en su vehículo, las autoridades decidieron no detenerlo.

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, reiteró la reserva informativa argumentando la protección del proceso investigativo, aunque sí confirmó un hecho revelador: el 23 de abril, cuando se intervino inicialmente la empresa, las autoridades devolvieron el dinero incautado (aproximadamente 358 millones de lempiras) a los administradores bajo un «compromiso» de entrega a los inversionistas.

Esta decisión, inusual en casos de presunta estafa masiva, plantea serias interrogantes sobre el manejo de la crisis por parte de las instituciones. ¿Por qué devolver fondos potencialmente ilícitos a quienes son investigados por estafa? ¿Qué garantías reales existían para que ese dinero llegara efectivamente a los afectados?

El caso Koriun expone no solo la vulnerabilidad de miles de hondureños ante esquemas financieros irregulares, sino también las profundas deficiencias del sistema de supervisión financiera nacional. La empresa operó durante seis años «ante la vista y paciencia de las autoridades», según reconoce el propio comunicado, ofreciendo rendimientos astronómicos del 5% semanal (equivalentes al 20% mensual) sin despertar intervención oportuna de los entes reguladores.

Mientras el presidente de la CNBS, Marcio Sierra, ha reconocido públicamente la inexistencia de registros contables que permitan identificar a los aportantes y sus inversiones, crece la preocupación sobre la posibilidad real de recuperación de los fondos. El esquema Ponzi, como ha sido calificado oficialmente, funcionaba pagando a los primeros inversores con el dinero de los nuevos participantes, una estructura financiera que inevitablemente colapsa cuando se detiene el flujo de nuevas aportaciones.

Las manifestaciones y bloqueos de vías por parte de los afectados continúan en diversas ciudades del país, reflejando una desesperación creciente ante la falta de certezas sobre la devolución de sus recursos. Muchos de ellos invirtieron patrimonios familiares completos, liquidaciones laborales o ahorros de toda una vida, atraídos por promesas de ganancias imposibles en el marco de una economía formal.

La captura de Velásquez, aunque representa un avance en términos judiciales, no responde a la pregunta fundamental que planteó recientemente Carlos Hernández, presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa: «¿Quiénes están realmente detrás de Koriun?». Como señaló el dirigente, «esos negocios no se hacen en Honduras si no se cuenta con poder económico y político», insinuando conexiones con círculos de influencia que habrían permitido la operación prolongada de este esquema.

El caso continúa desarrollándose mientras miles de familias hondureñas enfrentan la posibilidad de haber perdido sus ahorros en uno de los mayores escándalos financieros de la historia reciente del país, evidenciando que las consecuencias de la falta de regulación efectiva y supervisión oportuna siempre terminan recayendo sobre los más vulnerables.

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