Tegucigalpa – Una nueva crisis política sacudió Honduras cuando el subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, fue detenido este martes por agentes policiales en un caso de presunta corrupción que involucra el desvío de más de tres mil millones de lempiras, según informó el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.
La captura de Márquez, uno de los diputados más beligerantes del Partido Nacional, ocurre en un momento crítico cuando el país vive una crisis política que requería resolución en el pleno del Congreso hondureño, donde las bancadas de oposición debían jugar un papel clave.
El procedimiento seguido contra Márquez rompió con los protocolos tradicionales. Según la ley, los diputados señalados por actos reñidos de la justicia deben ser sometidos a un procedimiento especial con un juez natural, generalmente magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la acción contra Márquez fue abrupta y en lugar de ser objeto de citación se le liberó orden de captura, con audiencia programada para el miércoles.
Junto a Márquez fueron capturados el juez Raymundo Gradiz y los abogados Juan Fernando Madrid Lezama y Caronte Rojas Zavala, evidenciando la amplitud del esquema criminal investigado.
El caso se origina en un requerimiento fiscal del Ministerio Público contra exfuncionarios, diputados, abogados y jueces por presunta corrupción que habrían drenado más de tres mil millones de lempiras a través de demandas supuestamente ilegales. Las investigaciones señalan que el esquema comenzó cuando Márquez fue titular de la desaparecida Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas).
Entre los implicados figuran la excoordinadora del gobierno Martha Doblado, la exdirectora legal de Sedecoas Eva María Vásquez Villanueva, y varios operadores legales que presuntamente facilitaron el esquema fraudulento.
El caso se remonta al año 2000 tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado hondureño adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc. con fondos de cooperación internacional. Según el MP, esta empresa no estaba autorizada para operar en Honduras y subcontrató presuntamente de forma irregular a NAINSA.
En 2001, el cooperante canceló la ayuda por inconsistencias en el contrato, pero años después ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia.
El papel de Márquez se concretó en enero de 2020, cuando como secretario de Sedecoas remitió a la Procuraduría General un informe legal que recomendaba firmar un acuerdo ejecutivo para evitar una «erogación mayor». Un mes después, Sedecoas y NAINSA suscribieron el convenio extrajudicial mediante el cual acordaron pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales en curso.
La investigación reveló que en el año 2022, el juez Raymundo Gradiz Viloria admitió otra demanda millonaria contra el Estado de Honduras, continuando con el patrón de pagos ilegales. Según el requerimiento fiscal, los jueces que ya conocían la nulidad del laudo arbitral continuaron ordenando pagos millonarios al margen de la ley.
Un elemento adicional de irregularidad ocurrió cuando el imputado Héctor Alvarado Mejía, representante del Estado (PGR) no asistió a una audiencia clave, justificando su ausencia con un certificado médico cuya autenticidad fue puesta en duda según el informe del MP.
