Austin, Texas. — Carmen Mejía respiró hondo cuando un tribunal de apelaciones declaró su inocencia después de 22 años en prisión. Había llegado a Estados Unidos huyendo de la pobreza y los abusos, y aunque perdió más de dos décadas tras las rejas por un crimen que no cometió, la esperanza de reencontrarse con sus hijos la mantuvo en pie.
Pero la justicia, que finalmente le devolvió la libertad, no fue suficiente: ahora el gobierno de Estados Unidos quiere enviarla de regreso a Honduras.
La historia de esta hondureña de 54 años es un laberinto de errores judiciales y cruces burocráticos. En 2003, Mejía fue arrestada y condenada por la muerte de un bebé de 10 meses que estaba bajo su cuidado.
En el juicio, la fiscalía sostuvo que la niña había muerto porque un adulto la sumergió intencionalmente en agua hirviendo. Pero décadas después, nuevos peritajes demostraron algo muy distinto: las lesiones eran compatibles con un accidente doméstico causado por agua extremadamente caliente proveniente del calentador de la vivienda, que no contaba con dispositivos de seguridad para controlar la temperatura.
A finales de enero, un tribunal de apelaciones le devolvió el nombre que nunca debió perder: inocente. Y hace apenas unos días, un juez del condado de Travis desestimó formalmente el caso contra ella. El camino hacia la libertad parecía allanado.
Pero no.
Inocente, pero aún sin libertad
Al salir de la audiencia, Mejía no fue liberada. Una norma local obliga a las autoridades a mantener retenidas por 48 horas a las personas cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) así lo solicita, mientras se decide si serán deportadas, enviadas a un centro de detención para migrantes o puestas en libertad.
Y Mejía, que había llegado a EE.UU. en 1995 y contaba con Estatus de Protección Temporal (TPS) y permiso de trabajo cuando fue arrestada, quedó atrapada en ese limbo.
Para Vanessa Potkin, abogada de la ONG Innocence Project, la situación es profundamente injusta. «Mejía logró sobrevivir más de dos décadas en prisión impulsada por la esperanza de reunirse algún día con sus hijos.
Sería la máxima injusticia que, después de vencer todos los obstáculos y demostrar finalmente su inocencia —una tarea hercúlea—, en lugar de recuperar su libertad sea trasladada a otra forma de encarcelamiento», expresó en un comunicado.
«Le fallamos», reconoce la fiscalía
Lo más desgarrador del caso es que las propias instituciones que la condenaron han admitido su error.
Durante la audiencia de exoneración, la fiscal adjunta del condado de Travis, Sarah Byrom, fue clara y contundente: «Señora Mejía, hoy reconocemos que nuestra oficina le falló. El Estado la procesó y obtuvo una condena por lo que ahora entendemos fue un accidente trágico, y ese error le costó más de 20 años de su vida».
El juez del caso, P. David Wahlberg, también alzó la voz para pedir clemencia a las autoridades migratorias. «Reconozcan que Carmen Mejía ha pasado casi 23 años bajo custodia del estado de Texas por algo que no fue un delito», señaló el magistrado, advirtiendo que deportarla «sería agravar la tragedia que ya ha ocurrido».
Un contexto migratorio endurecido
El caso de Mejía llega en un momento especialmente delicado para la política migratoria en Estados Unidos. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, su administración ha ampliado las detenciones y deportaciones y ha impulsado mecanismos como la expulsión acelerada, que permite deportar a ciertos migrantes sin una audiencia judicial completa.
Para Mejía, que sobrevivió a dos décadas de prisión alimentando la esperanza del reencuentro familiar, el riesgo de ser enviada a Honduras —de donde huyó hace 30 años— es el último y más cruel capítulo de una pesadilla que aún no termina. La justicia ya le devolvió el nombre; falta que le devuelvan la libertad.
