Tegucigalpa, Honduras. – A más de cuatro años de la desaparición de Angie Peña en Roatán, el caso vuelve a colocarse bajo presión pública tras nuevas declaraciones de la extitular de Medicina Forense y exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien señaló presuntas irregularidades graves dentro de estructuras investigativas del Estado.
Villanueva afirmó que existen indicios de que la joven habría sido localizada con vida y luego entregada a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), pero no a sus familiares.
La exfuncionaria sostuvo que el Ministerio Público debe ampliar las investigaciones, especialmente sobre una supuesta infiltración de redes criminales dentro de la ATIC.
Según dijo, esas estructuras estarían vinculadas a delincuencia transnacional y habrían incidido para frenar el avance del caso.
“Hay testigos, incluso protegidos, que han manifestado su preocupación y aseguran que Angie fue entregada, pero posteriormente ocultada”, reafirmó Villanueva.
Las declaraciones apuntan también a que la ATIC habría tenido conocimiento de la privación de libertad de la joven.
De acuerdo con lo señalado por la exviceministra, en lugar de facilitar su retorno, agentes habrían actuado en coordinación con los captores.
Villanueva mencionó además la existencia de una recompensa de 500 mil lempiras, que habría motivado la entrega de Angie a las autoridades, aunque sin concretarse su reunificación con la familia.
En el plano judicial, la exfuncionaria indicó que existe un proceso en curso contra un grupo vinculado al caso, cuyo juicio está previsto entre el 7 y el 14 de septiembre.
En esa etapa se presentará evidencia científica, documental y testifical para sustentar cargos por privación de libertad y asociación para delinquir.
Entre los señalados previamente figura Gary Lee Johnston, quien habría tenido vínculos con redes de trata de personas en Islas de la Bahía.
Villanueva aclaró que las pruebas clave no serán ventiladas públicamente para no comprometer el proceso.
Sin embargo, advirtió que podrían derivarse responsabilidades contra funcionarios que participaron u omitieron acciones dentro de la investigación.
Mientras tanto, la familia de Angie sigue reclamando respuestas.
Su padre, Walter Peña, dijo que no tiene certeza sobre el paradero de su hija y exigió a las autoridades explicar qué ocurrió realmente.
Afirmó que la familia ha sido víctima tanto del Estado como de una red de trata que, según denunció, opera en Roatán ante la pasividad de las autoridades.
“Sólo se nos dice que se está investigando el caso, que están localizadas las personas involucradas en el caso, pero lastimosamente existe apatía por parte de las autoridades para desentramar el caso porque están involucrados jueces y agentes”, señaló.
Walter Peña no descartó acudir a instancias internacionales para elevar el caso y buscar una respuesta estatal definitiva.
La desaparición de Angie Peña continúa siendo uno de los casos más sensibles y complejos de los últimos años en Honduras, ahora marcado por señalamientos de encubrimiento, posibles redes criminales y presunta participación u omisión de funcionarios.
