Tegucigalpa, Honduras. – Más de cinco años después de que Keyla Patricia Martínez Rodríguez muriera bajo custodia policial en La Esperanza, el caso que se convirtió en símbolo de la lucha por los derechos humanos y la rendición de cuentas en Honduras tendrá una nueva oportunidad de justicia: la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la repetición del juicio oral y público, que iniciará el próximo 4 de agosto y concluirá el 20 del mismo mes, desarrollándose en los Tribunales de Sentencia de Siguatepeque y La Esperanza.
La decisión del máximo tribunal hondureño surge de un recurso de casación presentado por el Ministerio Público en 2024, mediante el cual la institución argumentó que durante el desarrollo y la resolución del juicio anterior se produjeron arbitrariedades que vulneraron el debido proceso y afectaron la correcta administración de justicia, irregularidades que a juicio del ente acusador hacían indispensable una nueva revisión del caso para garantizar que el proceso se desarrollara conforme a los principios legales establecidos.
Con la repetición del juicio, una nueva integración de jueces tendrá la responsabilidad de valorar nuevamente las pruebas incorporadas al expediente y efectuar un nuevo análisis sobre la calificación jurídica de los hechos acreditados dentro del proceso, en una oportunidad que organizaciones de derechos humanos y la familia de Keyla esperan se traduzca en el resultado que el primer juicio no entregó.
El crimen que originó el caso ocurrió el 7 de febrero de 2021, cuando la joven estudiante de enfermería, de 26 años, perdió la vida mientras permanecía bajo custodia policial en una de las celdas de la Unidad Departamental Policial Número 10 de La Esperanza, Intibucá. Desde ese momento, el caso generó una ola de indignación nacional e internacional que convirtió el nombre de Keyla Martínez en referente de la violencia institucional contra las mujeres en Honduras y en símbolo de la lucha por un sistema de justicia que responda ante los abusos cometidos desde el propio Estado.
La determinación de la CSJ ha sido valorada como un paso importante para reafirmar el acceso a la justicia y el respeto al debido proceso, en un caso que después de más de cinco años de espera sigue manteniendo la atención de los sectores de la sociedad hondureña que no han dejado de exigir que la muerte de Keyla no quede impune.
