Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro apeló este viernes a su autoridad como comandante general de las Fuerzas Armadas para garantizar elecciones limpias y sin fraude, mientras lanzó un llamado «enérgico» a los partidos políticos representados en el Consejo Nacional Electoral para superar la parálisis que amenaza el cronograma de los comicios del 30 de noviembre, durante un acto conmemorativo militar en Comayagüela.
La intervención presidencial, realizada en la ceremonia del 56 aniversario del cese de hostilidades con El Salvador en 1969, mezcló garantías electorales con ataques a administraciones anteriores, exponiendo las contradicciones de un gobierno que promete transparencia electoral mientras el órgano encargado de organizarla permanece fracturado por disputas internas.
«Como comandante general de las FFAA hago un llamado enérgico a la clase política hondureña que está representada en el Consejo Nacional Electoral, ya basta de división y de sectarismo, el diálogo y no la ofensa, la injuria ni la calumnia debe prevalecer en la búsqueda del consenso», declaró Castro, reconociendo implícitamente el fracaso de su administración para resolver la crisis del CNE.
La mandataria estableció como innegociables tanto la transmisión de resultados provisionales el día de las elecciones como el conteo definitivo mandado por ley, aunque evitó pronunciarse sobre el conflicto central entre verificación automatizada versus manual que mantiene paralizado al órgano electoral. Esta omisión sugiere que el gobierno no tiene posición clara sobre el mecanismo de escrutinio o prefiere mantener ambigüedad estratégica.
«El calendario electoral no puede seguir retrasándose, las elecciones tienen que ser limpias, libres, transparentes y democráticas. No más fraudes, no más golpes de Estado», proclamó Castro, vinculando la transparencia electoral con la prevención de rupturas constitucionales, en aparente referencia al golpe de 2009 contra su esposo Manuel Zelaya.
La invocación de su rol militar para garantizar elecciones resulta particularmente significativa. «Nuestras Fuerzas Armadas están garantizándole al pueblo hondureño el libre sufragio, el respeto a la Constitución y las leyes, y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia», afirmó, sugiriendo un protagonismo militar en el proceso electoral que algunos sectores podrían interpretar como amenazante para la institucionalidad civil.
Castro aprovechó la plataforma para alardear de logros en seguridad, destacando «la extradición de más de 50 criminales expatriados entre ellos diputados liberales y exministros nacionalistas», en referencia velada a políticos de oposición extraditados por vínculos con el narcotráfico. La mención selectiva de afiliaciones partidarias de los extraditados contrasta con el llamado inicial a superar el sectarismo.
La presidenta se quejó de luchar «con la trágica herencia del narcoestado y contra el desprestigio que representó la captura y condena de 40 años del expresidente Juan Orlando Hernández», aunque erró la sentencia que fue de 45 años. Esta narrativa de víctima de circunstancias heredadas ocurre mientras su gobierno enfrenta sus propios escándalos, incluyendo el video de funcionarios discutiendo uso de fondos públicos para fines partidarios.
El discurso militar-electoral de Castro ocurre en un contexto donde múltiples actores cuestionan la capacidad del CNE para organizar elecciones creíbles. Con una consejera renunciando, otra bajo presión y disputas irresueltas sobre métodos de verificación, las garantías presidenciales suenan huecas sin acciones concretas para destrabar la crisis institucional.
La ironía no escapa a observadores: mientras Castro promete «no más fraudes» invocando el poder militar, el órgano civil encargado de garantizar la transparencia electoral permanece disfuncional por disputas que su propio gobierno no ha logrado mediar. La historia hondureña advierte sobre los riesgos de militarizar las garantías electorales.
El timing del discurso, en una ceremonia militar conmemorando un conflicto bélico histórico, envía señales mixtas sobre el rol que Castro visualiza para las Fuerzas Armadas en el proceso electoral. Aunque formalmente los militares custodian la logística electoral, el énfasis presidencial en su papel como garantes del proceso podría interpretarse como presión adicional sobre actores civiles.
La mezcla de promesas electorales, ataques a la oposición y alardes de seguridad en un mismo discurso refleja la estrategia comunicacional del gobierno: presentarse simultáneamente como víctima del pasado y garante del futuro, mientras evade responsabilidad por las crisis presentes.
Sin embargo, con el CNE paralizado y el calendario electoral en riesgo, las palabras presidenciales requieren traducirse urgentemente en acciones concretas que destrabén el impasse institucional. De lo contrario, las garantías militares de elecciones limpias podrían sonar más como advertencia que como promesa democrática.
