La Paz, Honduras. – La presidenta Xiomara Castro ordenó a los ministros de Seguridad Gustavo Sánchez, de Gobernación Tomás Vaquero y al encargado de Servicio Civil Russel Garay que realicen la transición y traspaso de mandato al que caracterizó como «gobierno de facto» declarado por CNE y TJE supuestamente «sin contar más de 1 millón de sufragios» en los tres niveles electorales, mientras finalizó su intervención denunciando «monstruoso fraude electoral» y asegurando que «más temprano que tarde volveremos a derrotarles».
«Ordeno en el marco de mis atribuciones constitucionales, al general de la Policía Gustavo Sánchez, al ministro de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero; y el ministro director de Servicio Civil, Russel Garay, que se organice y se proceda a la transición y al traspaso de mandato al gobierno de facto declarado por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral sin contar en los tres niveles electorales más de 1 millón de sufragios«, expresó durante evento de ascensos en La Paz por 144 aniversario de la Policía Nacional.
Castro volvió a cuestionar «marcada injerencia extranjera» por revelaciones de «graves irregularidades» en Sistema de Transmisión de Resultados Electorales a través de 26 audios y por «negativa de contar actas» e impugnaciones legítimas de candidatos, reiterando narrativa del oficialismo sobre supuesto fraude electoral pese a que 3.8 millones de hondureños votaron en comicios avalados por misiones internacionales.
La presidenta reprochó que la Sala Constitucional por unanimidad otorgó amparo con suspensión del acto reclamado y ordenó al Fiscal General suspender investigaciones sobre delitos electorales, frustrando así estrategia del oficialismo de criminalizar a autoridades del CNE mediante procesamiento judicial antes de agotar vía constitucional del juicio político con 86 votos que el oficialismo no posee.
Se pronunció sobre negativa de entes electorales de contar 435 actas en el Distrito Central que según ella dan victoria a Jorge Aldana, aunque el TJE inadmitió expedientes presentados por apoderados del alcalde capitalino por no cumplir requisitos técnicos para ordenar escrutinio jurisdiccional que Aldana condiciona para reconocer victoria del liberal Juan Diego Zelaya.
«Ante esta negación de justicia y para terminar con infundadas e injustos ataques de golpistas, eternos enemigos de la democracia declaro una vez más como muchas veces lo he confirmado que no permaneceré ni un día más ni un día menos en la Presidencia de la República», puntualizó, reiterando promesa de transición constitucional el 27 de enero pese a caracterizar gobierno entrante como «de facto» e ilegítimo.
Castro finalizó su intervención con declaración dramática: «Con todo respeto a la memoria del general José Francisco Morazán Quezada, declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo, éxito a la juventud que es la llamada a dar vida a este país que dejo con sentimiento por quedar anarquizado por el bipartidismo que deseo que imiten mi ejemplo de actuar con firmeza y no callar nunca frente al monstruoso fraude electoral que desgraciadamente hoy nos han impuesto, y sé con certeza que más temprano que tarde volveremos a derrotarles. Misión cumplida«.
La delegación de la transición en Sánchez, Vaquero y Garay sugiere que Castro no participará personalmente en actos protocolarios de traspaso de poder, distanciándose de ceremonia donde entregaría mando a administración que caracteriza como «gobierno de facto» impuesto mediante supuesto «fraude electoral», narrativa que contradice declaratoria del CNE y validación de misiones internacionales.
La caracterización del gobierno entrante de Nasry Asfura como «de facto» representa escalada retórica del oficialismo que busca deslegitimar resultados electorales mediante cuestionamiento de institucionalidad, preparando narrativa de «resistencia» contra administración que oficialismo considera ilegítima pese a haber sido electa constitucionalmente con 3.8 millones de votos.
La promesa de que «volveremos a derrotarles» sugiere que Castro y el oficialismo no aceptan derrota como definitiva sino como revés temporal que será revertido en elecciones futuras, manteniendo así tensión política más allá de transición del 27 de enero mediante narrativa de gobierno ilegítimo que eventualmente será derrocado electoralmente.
La mención a «más de 1 millón de sufragios» supuestamente no contados representa acusación sin fundamento verificable, considerando que el CNE procesó 19,167 actas de las elecciones generales y el TJE está ejecutando recuentos jurisdiccionales en 66 casos con actas inconsistentes, sin que exista evidencia de millón de votos excluidos del escrutinio oficial.
La invocación a Morazán y declaración sobre «amor a Centroamérica muere conmigo» busca posicionar a Castro como última defensora de ideales unionistas centroamericanos frente a «bipartidismo» que caracteriza como traición a legado histórico, elevando así disputa electoral hondureña a dimensión histórica y regional que trasciende alternancia democrática.
Castro destacó durante evento policial la vigencia del cuestionado estado de excepción para combatir criminalidad organizada, alegando mejoras en índices de homicidios y reducción de violencia contra mujeres, citando 54 extradiciones desde 2014, incautación de 4.3 toneladas de cocaína, erradicación de 21 millones de arbustos de coca y destrucción de 14 narcolaboratorios.
«Nuestro plan ha sido efectivo, no implantamos terror, no usamos bombas ni gas lacrimógeno, ni gas pimienta. Se impuso el rigor y la disciplina con respeto irrestricto a los derechos humanos«, alabó, contrastando su gestión de seguridad con administraciones previas que el oficialismo caracteriza como represivas.
La presidenta alardeó que el «gobierno del socialismo democrático» asumió tarea de sacar al país de la «Oscuridad y la narcodictadura», alegando reducción de pobreza en 13.5% y pobreza extrema en 15.4%, aunque estas cifras no han sido validadas por organismos internacionales independientes que miden indicadores sociales.
