Tegucigalpa, Honduras. – La presidenta Xiomara Castro sancionó y publicó este viernes en el Diario Oficial La Gaceta el controversial decreto que ordena un nuevo escrutinio electoral, apenas horas después de su aprobación por un grupo reducido de diputados oficialistas en una sesión sin quorum en el Congreso Nacional.
El decreto, que oficialmente desconoce la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó a Nasry Asfura como presidente electo, fue publicado en tiempo récord pese a las denuncias internacionales sobre irregularidades en su proceso de aprobación legislativa.
La rapidez con que Castro sancionó el decreto contrasta con el cuestionamiento de organismos internacionales como la OEA, que calificó las acciones del grupo minoritario de legisladores como un intento de obstaculizar la transición pacífica del poder expresada en las urnas.
El contenido del decreto va más allá del simple ordenamiento de un nuevo conteo. La mayoría de los diputados de Libertad y Refundación (Libre) que participaron en la sesión incluyeron una solicitud directa al Ministerio Público para que inicie acciones penales contra las consejeras del CNE, criminalizando de facto el ejercicio de sus funciones constitucionales.
La declaratoria oficial del organismo electoral había establecido claramente que Nasry Asfura del Partido Nacional resultó ganador a nivel presidencial, además de definir los diputados electos de los cinco partidos participantes y los ganadores municipales. Sin embargo, Luis Redondo y la bancada de Libre decidieron desconocer estos resultados mediante la aprobación del decreto que ordena el conteo voto por voto.
La sesión legislativa que dio origen al decreto fue catalogada como «kilométrica» por su extensión y contó principalmente con integrantes propietarios y suplentes de Libre. Entre los participantes destacaron únicamente dos legisladores ajenos al partido oficialista: la diputada suplente liberal Mireya Guillén y el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Osman Chávez, evidenciando la falta de pluralidad parlamentaria en la votación.
La publicación del decreto en La Gaceta le otorga carácter oficial y obligatorio, lo que plantea interrogantes sobre cómo se implementará un nuevo escrutinio cuando dos misiones internacionales de observación electoral, tanto de la OEA como de la Unión Europea, avalaron que los resultados reflejan la voluntad popular expresada en las urnas.
En la misma edición de La Gaceta donde se publicó el polémico decreto electoral, el gobierno también divulgó los nombramientos de cargos administrativos del sistema sanitario derivados del Concurso Médico Cerrado Administrativo 2025, una publicación de rutina que contrasta con el peso político del decreto que la acompaña.
La sanción presidencial del decreto coloca a Castro en el centro de la controversia internacional sobre el respeto a la institucionalidad democrática en Honduras, al respaldar oficialmente una acción legislativa que organismos hemisféricos han caracterizado como violatoria del derecho parlamentario y destinada a obstaculizar la transición constitucional del poder.
