Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, rechazó enérgicamente este viernes las afirmaciones que sugieren que las grandes empresas de Honduras gozan de impunidad tributaria, calificándolas como falsas y descontextualizadas.
«Todas las empresas pagan impuestos; no existen exoneraciones como se cuestiona. Y no está claro a quiénes quieren aplicar esta ley», manifestó Fortín durante una rueda de prensa, refiriéndose a la controversial propuesta de Ley de Justicia Tributaria que actualmente se discute en el Congreso Nacional.
El líder empresarial cuestionó la falta de transparencia y claridad en los objetivos de la iniciativa gubernamental, asegurando que estaría dispuesto a respaldarla si se presentaran evidencias concretas de sus beneficios. «Yo sería el primero en estar de acuerdo si a mí me citaran con números cómo va a beneficiar esa normativa a la gente de escasos recursos, a los microempresarios, y cómo va a hacer para que cierta parte del país pague más impuestos», enfatizó.
Fortín también abordó directamente la cifra de 60 mil millones de lempiras que el Gobierno ha señalado como exoneraciones fiscales, aclarando que aproximadamente la mitad de ese monto corresponde a productos de la canasta básica y no a privilegios tributarios para grandes corporaciones. «Eso no es exoneración. La mitad de ese monto es canasta básica. Que me prueben que las grandes empresas no pagan impuestos, eso es mentira», argumentó.
El dirigente de la CCIT expresó además su preocupación por la intención del Ejecutivo de modificar los regímenes fiscales actuales sin presentar un plan claro sobre el funcionamiento de los nuevos esquemas propuestos. «Quieren cambiar los regímenes de exoneraciones fiscales que ya tenemos por otros que ni sabemos cómo van a funcionar», advirtió.
Las declaraciones de Fortín se suman a las voces del sector privado que han manifestado inquietud por el impacto que podría tener la Ley de Justicia Tributaria en la inversión y generación de empleo en el país, mientras el gobierno insiste en que la normativa busca establecer un sistema impositivo más equitativo.
