Tegucigalpa, Honduras. – El presidente del Colegio de Economistas de Honduras (CEH), Juan Hernández, advirtió una contradicción en la estrategia de austeridad gubernamental que busca ahorro fiscal mediante reestructuración institucional pero podría generar demandas laborales nacionales e internacionales que anulen el beneficio económico si los despidos masivos se ejecutan sin respeto al debido proceso.
«Esperemos que estos despidos que se podrían generar en el marco de esta nueva ley no sean contraproducentes contra el mismo Gobierno más adelante a través de demandas laborales a nivel nacional o incluso internacional«, alertó Hernández señalando que pasivos judiciales drenarían recursos que la Ley de Reactivación Económica pretende liberar.
El economista recalcó su preocupación ante posibles despidos masivos derivados de la fusión y cierre de instituciones que el gobierno reduciría de 113 a 78, proceso que históricamente ha generado sentencias adversas cuando administraciones prescinden de personal sin seguir procedimientos legales establecidos en el Código de Trabajo.
No obstante, Hernández reconoció como positiva toda política orientada a reducir el «gasto corriente» mediante eficiencia que se buscará a través de reestructuraciones y absorción de secretarías que presentaban «duplicidad» de funciones estatales, aunque reclamó que existió un «fallo» en la socialización de la ley por falta de involucramiento de colegios profesionales y la academia.
«Yo pienso que en el tema de socialización si ha habido de alguna manera un fallo en el sentido de no poder involucrar a diferentes agentes que podrían aportar de forma positiva a esta ley, pero bueno la ley está aprobada«, manifestó el titular del CEH evidenciando crítica al proceso legislativo acelerado.
El presidente de los economistas advirtió que el Gobierno enfrentará un gran reto al operar con aproximadamente el mismo Presupuesto de 2025 —unos 430 mil millones de lempiras— frente a las necesidades de la población en salud y educación, señalando que el mantenimiento de servicios básicos sin incremento presupuestario representa el principal desafío para la «capacidad de maniobra» gubernamental.
Hernández insistió que la administración estatal debe priorizar la inversión social en salud y educación para generar un «impacto directo» en los indicadores de pobreza del país, área donde Honduras enfrenta rezago significativo que requiere recursos adicionales versus reducción de presupuesto que austeridad implica.
