Tegucigalpa – El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ha emitido un comunicado en el que recomienda a los diputados del Congreso Nacional de Honduras acatar los requisitos constitucionales para garantizar la transparencia y la integridad en el proceso de nombramiento del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto, cuyo proceso se inició recientemente en el país.
En dicho comunicado, el CEJIL destaca que la Constitución hondureña establece que el Congreso debe nombrar al Fiscal General y al Fiscal General Adjunto a partir de una lista de cinco candidatos presentados por una Junta Proponente. Sin embargo, el nombramiento del actual Fiscal General en 2018 se realizó sin cumplir este requisito constitucional.
El CEJIL enfatiza la importancia de la autonomía e independencia del Ministerio Público para garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad estructural que enfrenta Honduras. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el papel del Fiscal General es fundamental para el acceso a la justicia, el Estado de Derecho, la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos.
En este contexto, el CEJIL resalta la necesidad de que la Junta Proponente aplique criterios objetivos de evaluación, divulgue de manera transparente los requisitos y criterios de selección, y permita la participación ciudadana y de la sociedad civil, siguiendo los estándares internacionales.
La CEJIL subraya que la transparencia y la participación ciudadana son fundamentales para asegurar que los candidatos seleccionados sean personas honorables, independientes y capaces de enfrentar los desafíos del país.
La CEJIL también señala que la posible instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), respaldada por la ONU, depende de que el sistema de justicia hondureño mantenga condiciones básicas de independencia y compromiso en la lucha contra la corrupción.
Sin ello, no se garantiza que el Estado hondureño pueda desmantelar las redes ilícitas que han cooptado la institucionalidad democrática y afectado la gobernabilidad del país.
En su llamado, el CEJIL hace hincapié en la importancia de que el proceso de selección del Fiscal General se lleve a cabo sin injerencias indebidas, asegurando que aquellos actores políticos del Congreso Nacional que estén bajo investigación por corrupción u otros actos ilícitos no se involucren en el proceso. Esto es crucial para construir un verdadero Estado de Derecho en Honduras.
El comunicado es firmado por la CEJIL, la Fundación del Debido Proceso (DPLF), Human Rights Watch (HRW), Latin America Working Group (LAWG), Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), destacadas organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la justicia en la región.
