Tegucigalpa, Honduras.— Con la fuerza de quien ya no puede esperar más, centenares de mujeres salieron a las calles este domingo para decir basta. No fue solo una marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer; fue un grito colectivo contra una realidad que duele: en Honduras, la violencia contra las féminas «se dispara cada día» y la impunidad alcanza el 95 % en los crímenes que las afectan.
Wendy Cruz, activista de Vía Campesina, lo resumió con crudeza: las mujeres hondureñas tienen «mucho que reclamar». Y los números respaldan su voz. En lo que va de 2026, el país suma alrededor de 40 feminicidios, mientras que, según denunció Cruz, «desaparece casi una mujer diaria», siendo las adolescentes las principales víctimas de un fenómeno estrechamente vinculado a la trata de personas.
El ciclo de violencia, explicó la defensora, se mantiene por «problemas estructurales» en una sociedad que calificó de «patriarcal y machista». Uno de los nudos críticos: la falta de una respuesta estatal efectiva. «No se da una atención de calidad cuando las mujeres denuncian», lamentó, al recordar que muchas de las víctimas asesinadas habían interpuesto denuncias previas que fueron ignoradas por el sistema.
Entre las manifestantes caminó también Bertha Zúñiga, hija de la ambientalista Berta Cáceres, cuyo crimen —ocurrido el 2 de marzo de 2016— sigue siendo un símbolo de la lucha inconclusa. A una década del hecho, Zúñiga denunció que el sistema judicial mantiene una «deuda» con su familia y con todas las lideresas territoriales que sufren violencia.
«Creemos que el crimen contra mi madre lamentablemente no ha sido el único, pero este sí tiene un patrón muy marcado de la violencia contra las mujeres, de los femicidios territoriales», afirmó.
Pero la protesta no solo miró hacia la violencia física. Las hondureñas también alzaron la voz contra la precariedad laboral y exigieron el reconocimiento legal y económico del trabajo de cuidados. «Sin ese trabajo no se sostienen las economías ni las familias», enfatizó Cruz, quien pidió que se registre y valore cuánto aporta el trabajo doméstico femenino para «sostener la vida».
La brecha salarial, la falta de garantías estatales y la exclusión en el acceso a recursos como tierra y crédito agravan la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente en zonas rurales. «Nosotras también podemos generar nuestras propias iniciativas económicas, pero el Estado debe ayudar a esas mujeres que han estado prácticamente marginalizadas», reclamó la activista.
Ante este panorama, las organizaciones hicieron un llamado concreto al Parlamento hondureño: aprobar leyes como la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la Ley de Alerta Morada para mujeres desaparecidas y la Ley del Sistema Nacional de Cuidados. También solicitaron inversión pública para generar medios de vida autónomos para las mujeres, quienes representan el 52 % de la población.
La conclusión de Cruz fue contundente y resume el sentir de la jornada: «La democracia le ha fallado a las mujeres porque no hemos logrado mejores condiciones de vida». Una afirmación que, más que un cierre, suena como un nuevo comienzo para la lucha.
