Tegucigalpa, Honduras. – La Ley de Empleo Parcial aprobada el pasado 25 de marzo en el Congreso Nacional tiene su primer enemigo jurídico organizado: el secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, anunció este lunes que el gremio prepara acciones jurídicas para demostrar que la norma «lacera derechos» de los trabajadores hondureños, en una postura que equipara la nueva ley con la polémica Ley de Empleo por Hora que fue derogada en abril de 2022 tras años de rechazo del movimiento obrero.
«Al igual que la Ley de Empleo por Hora, la Ley de Empleo Parcial también lacera derechos de los trabajadores», afirmó Durón, trazando una línea directa entre dos normas que el sector empresarial presentó como herramientas de formalización del empleo y que el movimiento sindical describe como mecanismos para reducir el costo laboral a expensas de los trabajadores.
El dirigente fue categórico al rechazar el argumento principal con que el Gobierno del presidente Nasry Asfura y la bancada del Partido Nacional defendieron la aprobación de la ley: «Esa no es la solución para generar empleo en el país», señaló, advirtiendo que la norma producirá efectos contrarios a los prometidos.
«No es segmentando el salario de los trabajadores que se va a generar movilidad social», concluyó el secretario de la CGT, en una declaración que apunta al núcleo del debate: si las jornadas de entre 18 y 32 horas semanales con salarios proporcionales representan una oportunidad real para los trabajadores o simplemente una forma legal de pagarles menos.
Para Durón, el horizonte que abre la Ley de Empleo Parcial no es el de la formalización sino el de la profundización de la precariedad: más informalidad, mayor migración y más precariedad para una clase trabajadora que ya enfrenta salarios estancados, una canasta básica que supera los 16,200 lempiras y combustibles en máximos históricos que erosionan el poder adquisitivo semana tras semana.
La CGT no especificó en qué plazos presentará las acciones jurídicas ni ante qué instancias las interpondrá, pero el anuncio abre un frente legal que el Gobierno y el Congreso deberán enfrentar en los tribunales, en una batalla que podría definir si la ley aprobada con el respaldo de cuatro bancadas y el rechazo de Libre sobrevive al escrutinio constitucional o sigue el camino de su predecesora, que tardó años en ser derogada pero que finalmente cedió ante la presión sostenida del movimiento obrero hondureño.
