Tegucigalpa – El abogado y analista político Kenneth Madrid elevó la gravedad del escándalo del «cheque video» al calificarlo como una posible estructura delictiva organizada que involucra a múltiples actores y requiere una investigación profunda que trascienda las simples separaciones de cargo implementadas hasta ahora.
Madrid enfatizó que el caso protagonizado por la diputada Isis Cuéllar y el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) José Cardona no puede tratarse como un hecho aislado, sino como una «trama organizada» que evidencia planificación previa entre varios participantes. «Aquí habría una asociación para delinquir con otras personas con las que se pudo haber acordado esta operación. No es una acción aislada», declaró el jurista en sus declaraciones públicas.
El aspecto más preocupante del análisis legal de Madrid se centra en el uso de prestanombres para el cobro de cheques, una práctica que considera un indicio claro de participación en actos delictivos. «Estas personas tienen un grado de responsabilidad, aunque no sean funcionarios. Si colaboraron para desviar fondos, también deben responder ante la justicia», recalcó el especialista.
El abogado contextualizó el escándalo actual dentro de un patrón recurrente de corrupción en el Congreso Nacional, recordando antecedentes como el caso «Red de Diputados» y el escándalo Pandora. «Los políticos no aprenden. Siguen jugando con el presupuesto público como si se tratara de su patrimonio personal», lamentó Madrid al referirse a la persistencia de estas prácticas irregulares.
Un elemento crucial del análisis jurídico se relaciona con el destino final de los fondos públicos. Madrid advirtió que si se confirma que el dinero cobrado mediante estos cheques financió actividades políticas, la responsabilidad penal se incrementaría significativamente. «Si el dinero terminó en campañas o estructuras partidarias, hay un nivel mayor de responsabilidad. El delito puede ser el mismo, pero el grado de participación cambia», explicó el especialista.
El jurista fue categórico al señalar que los diputados carecen de autorización legal para manejar fondos públicos, recordando que su función constitucional se limita a legislar, no a administrar ni ejecutar recursos estatales. «Cualquier transferencia o cobro directo es una violación al principio de legalidad y transparencia», sostuvo Madrid al fundamentar la irregularidad de estas prácticas.
Las declaraciones del presidente del Congreso Luis Redondo sobre la participación de más de 200 diputados en el manejo de fondos sociales reforzaron la argumentación de Madrid sobre la necesidad de una investigación masiva. «Si el presidente del Congreso ha dicho que más de 200 diputados han manejado fondos, entonces más razón hay para una investigación masiva y objetiva», argumentó el abogado.
Madrid concluyó su análisis con un llamado urgente al Ministerio Público y las autoridades judiciales para que esclarezcan «el destino de cada lempira involucrado en este caso». El especialista advirtió que «el país no puede seguir tolerando estas prácticas bajo la impunidad», demandando acciones judiciales contundentes que respondan a la gravedad del escándalo.
La perspectiva jurídica aportada por Madrid eleva el escándalo del «cheque video» de un caso de mal manejo administrativo a una posible red delictiva organizada que requiere la aplicación de figuras penales más severas y una investigación que abarque a todos los actores involucrados en el desvío de recursos públicos.
