Tegucigalpa, Honduras.— El caso conocido como «Chequesol» da un nuevo giro procesal. Para el 12 de marzo fue programada la declaración como testigos de los exdiputados Luis Redondo y Carlos Zelaya, en el marco de la audiencia inicial de este proceso judicial que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La comparecencia de ambos exlegisladores fue propuesta por las defensas legales de los imputados, entre ellas la del exministro José Carlos Cardona. El objetivo es que puedan ampliar detalles sobre el procedimiento legislativo seguido en la aprobación del decreto relacionado con el Fondo de Inversión Social, un aspecto que las defensas consideran relevante para esclarecer el caso.
El proceso, que avanza en los tribunales, involucra a 12 personas señaladas por el Ministerio Público por la presunta comisión de 67 delitos de fraude. Una cifra que refleja la complejidad de la investigación y la magnitud de las acusaciones que pesan sobre los imputados.
El camino para que Redondo y Zelaya declaren no estuvo exento de debate. Previamente, el Ministerio Público se había opuesto a que ambos fueran incluidos como medios de prueba, argumentando que su testimonio podría resultar «inoportuno o ineficaz» para la investigación.
Sin embargo, tras evaluar la oferta probatoria presentada por la defensa, el juez determinó aceptar la solicitud y citar a los exdiputados para que comparezcan como testigos dentro del proceso.
La decisión judicial marca un hito en el desarrollo del caso. La declaración de Redondo y Zelaya podría aportar elementos clave sobre cómo se tramitó el decreto en cuestión, un aspecto que las defensas buscan esclarecer para fortalecer sus estrategias legales.
Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene su postura sobre la pertinencia de estos testimonios, lo que podría generar nuevos debates en las próximas audiencias.
El caso «Chequesol» continúa su curso en los tribunales, con la expectativa de que cada declaración y cada prueba presentada contribuyan a esclarecer los hechos investigados.
Para las 12 personas imputadas, el proceso representa un desafío legal mayúsculo; para la sociedad, una oportunidad de conocer más sobre el manejo de fondos públicos y los mecanismos de control que deben garantizar su uso transparente.
