Managua. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el órgano judicial de la OEA, proteger a cuatro opositores políticos en Nicaragua ante la “extrema situación de riesgo” que enfrentan.
La CIDH, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó a la Corte IDH adoptar medidas provisionales en favor de Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga y Violeta Granera, todos críticos del régimen de Daniel Ortega detenidos en los últimos días por las autoridades nicaragüenses.
“La privación de libertad de estas personas guarda estrecha relación con una intención dirigida a silenciarles mediante represalias y con ello enviar un mensaje de castigo” a quienes “protesten en contra de las acciones estatales o que busquen ser oposición al actual gobierno de Nicaragua en las próximas elecciones generales de noviembre”, señaló la Comisión en un comunicado.
Subrayó que la vida e integridad de estos cuatro opositores y de sus familiares, para quienes también pidió amparo, corre peligro.
La CIDH, con sede en Washington, ya había emitido medidas cautelares en favor de estas personas en 2018 y 2019, pero dijo que ante el incremento del riesgo en que se encuentran decidió instar a la Corte IDH a requerir a Nicaragua que garantice su seguridad.
La Corte IDH, con sede en San José, Costa Rica, emite medidas provisionales “en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas” y éstas tienen carácter obligatorio para los Estados miembros del sistema interamericano.
En las últimas horas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) analizó las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega. En la sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, presentó actualizaciones de sus informes anteriores sobre el país.
En su intervención, Bachelet exigió que la dictadura de Daniel Ortega libere a todos los candidatos a presidente encarcelados y les permita participar en las elecciones.
“Desde mi último informe el pasado 23 de febrero, mi oficina ha observado un preocupante deterioro de derechos humanos, que alejan la posibilidad de que se pueda elegir libremente en las elecciones”, manifestó la diplomática chilena.
“Lamentablemente no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones que hizo mi oficina. La crisis se ha agudizado de manera alarmante”, subrayó.
Luego recordó que la Policía detuvo a varios miembros de la oposición en las últimas semanas: “Cinco candidatos y otros opositores que están detenidos sin suficiente evidencia probatoria”, indicó.
“Llamo al gobierno a un cambio urgente, que implica liberar de inmediato a los detenidos y derogar la legislación restrictiva del espacio democrático. Reitero que es urgente que se autorice el regreso de mi oficina en Nicaragua”, exclamó.
Bachelet también expresó que le preocupa “la situación de las mujeres y adultos mayores privados de la libertad” y mencionó las dos leyes que aprobó en el último tiempo la dictadura de Ortega: la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo y la Ley de Defensa de la Soberanía.
“Mi oficina ya había advertido que estas leyes podían ser utilizadas para perseguir a opositores, como está ocurriendo. Esta situación les impediría competir en las elecciones generales, restringiendo sus derechos políticos y los de los ciudadanos”, destacó.
La expresidenta de Chile expresó que el régimen de Ortega “hace caso omiso a las peticiones de la comunidad internacional” y que sus acciones “limitan los derechos de la libertad de expresión y reunión pacífica”.
“Desde la segunda mitad de abril, mi oficina registró un escalamiento de la persecución selectiva contra opositores y defensores de derechos humanos y un hostigamiento contra medios independientes”, continuó; al tiempo que dijo que “las acciones, en su conjunto, generan un clima de temor”.
Por último, manifestó que “continuaron los reportes de ataques armados contra comunidades indígenas” y que “lamentablemente, el gobierno sigue sin contestar a las comunicaciones enviadas” desde su oficina.
