Tegucigalpa – Representantes legales de Ciudad Morazán, respaldada por la empresa estadounidense Real Estate and Development Projects, formalizaron una demanda de arbitraje internacional contra Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), amparándose en las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
La acción legal, presentada el jueves pasado, utiliza el Mecanismo Complementario del CIADI, que permite procesar reclamos de empresas que operan bajo la protección del DR-CAFTA incluso cuando el país demandado ya no es miembro pleno del tribunal internacional. Aunque Honduras se retiró del CIADI, sigue obligada a someterse a su jurisdicción para casos relacionados con el tratado comercial con Estados Unidos.
Ciudad Morazán, un ambicioso proyecto que anunció inversiones por 160 millones de dólares, se estableció en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, donde construyó un complejo habitacional operando bajo las reglas de la Ley de Zonas de Desarrollo Económico (ZEDE). Esta normativa fue derogada por la administración de la presidenta Xiomara Castro poco después de asumir el poder en 2022, aunque técnicamente la derogación no fue ratificada por el Congreso Nacional en todos sus extremos.
Tras la eliminación del marco legal de las ZEDEs, los representantes de Ciudad Morazán intentaron negociar una salida con el gobierno hondureño, presentando en 2022 una propuesta para transformar su operación en una Zona Libre Residencial (ZOLI), figura legal preexistente en la legislación hondureña.
Massimo Mazzone, representante de la sociedad inversionista OVERSEAS REAL ESTATE, LLC, y Carlos Fortín Lardizábal, Secretario Técnico de Ciudad Morazán, manifestaron a finales de 2022 su disposición para alcanzar un acuerdo que respetara tanto «la ley y la Constitución, como los derechos adquiridos de inversionistas y residentes de Ciudad Morazán».
Sin embargo, estas negociaciones no fructificaron, lo que precipitó la presentación formal de la demanda de arbitraje. Aunque se desconoce el monto específico del reclamo, fuentes cercanas al caso sugieren que podría involucrar compensaciones millonarias por las inversiones realizadas y las expectativas de ganancias futuras.
La demanda está dirigida a la Procuraduría General de la República de Honduras, y la representación legal de los inversionistas corre a cargo de la prestigiosa firma internacional Hogan Lovells US, con sede en Miami, Florida.
Este caso se suma a una serie de disputas legales que enfrenta Honduras tras la decisión gubernamental de eliminar las ZEDEs, consideradas por sus defensores como zonas de atracción de inversión con regímenes especiales en materia fiscal, laboral y administrativa, pero criticadas por sus detractores como enclaves que socavaban la soberanía nacional y vulneraban derechos fundamentales.
La demanda de Ciudad Morazán representa un desafío significativo para el gobierno hondureño, que ha tomado una postura firme contra estas zonas especiales, pero ahora debe enfrentar reclamaciones amparadas en compromisos internacionales suscritos por administraciones anteriores.
El desenlace de este arbitraje podría sentar un importante precedente para casos similares y definir los límites de la capacidad del Estado hondureño para modificar marcos regulatorios que afecten inversiones extranjeras protegidas por tratados internacionales.
