Tegucigalpa – Este lunes, decenas de inversionistas, empleados y ciudadanos se congregaron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras para manifestar su apoyo a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) y solicitar su continuidad en el país.
Provenientes de municipios como Choloma, Choluteca, La Ceiba y Roatán, los manifestantes expresaron su preocupación por el impacto que la inconstitucionalidad de las ZEDEs podría tener en sus comunidades y en la economía nacional.
Carlos Izaguirre, uno de los participantes en la protesta, destacó la importancia de las ZEDEs en la generación de empleo en Honduras. «Nuestro país tiene serios problemas de desempleo, y las ZEDEs han proporcionado trabajo a albañiles, pintores, personal de mantenimiento y muchos otros», afirmó.
Izaguirre hizo un llamado a las autoridades para que lleguen a un acuerdo con los inversionistas y permitan la continuidad de estos proyectos. «No sabemos si son por cuestiones políticas, pero lo que exigimos es que haya trabajo e inversión», enfatizó, señalando que el gobierno actual no está generando suficientes oportunidades laborales.
Una ciudadana de Roatán, donde opera ZEDE Próspera, compartió testimonios sobre los beneficios que esta iniciativa ha aportado a su comunidad. «Ha generado puestos de trabajo, mejorado el transporte y desarrollado proyectos de ayuda para 35 familias», comentó.
Además, advirtió sobre las consecuencias negativas que tendría la salida de las ZEDEs de la región. «Si las ZEDEs se van de Roatán, se va el futuro de los niños y el trabajo que nos permite pagar las cuentas y la educación de nuestros hijos», manifestó con preocupación.
Los manifestantes coincidieron en que su presencia frente a la CSJ es para defender no solo las ZEDEs, sino también el futuro económico de sus familias y comunidades. «Estamos aquí para defender el futuro de nuestros hijos; las ZEDEs son parte de nuestra familia», expresó la ciudadana de Roatán.
Esta movilización surge en respuesta a la decisión del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que el pasado 20 de septiembre declaró inconstitucionales las ZEDEs.
Dicha resolución ha generado inquietud entre quienes se benefician de estos proyectos, temiendo por la pérdida de empleos y la disminución de inversiones en el país.
Los manifestantes instan a las autoridades judiciales y gubernamentales a reconsiderar la decisión y buscar alternativas que permitan la continuidad de las ZEDEs, argumentando que son fundamentales para el desarrollo económico y la generación de empleo en Honduras.
Hasta el momento, la CSJ no ha emitido un pronunciamiento oficial en respuesta a la protesta.