Tegucigalpa – Al menos ocho oficinas del Registro Nacional de las Personas (RNP) de Honduras permanecen tomadas este miércoles por ciudadanos que se oponen a los procesos de actualización domiciliaria que se desarrollan de cara a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
El presidente del RNP, Roberto Brevé, confirmó la situación y aclaró que las tomas no son ejecutadas por empleados de la institución, sino por grupos ciudadanos que alegan irregularidades en los procedimientos de cambio de domicilio. Según explicó el funcionario, los manifestantes argumentan que estos trámites se están realizando sin cumplir los requisitos establecidos por la ley.
Entre las instalaciones afectadas por las protestas se encuentran las oficinas ubicadas en los municipios de Duyure y Apacilagua, en el departamento de Choluteca, así como San Antonio en Copán, entre otras localidades del interior del país.
Frente a esta situación, el RNP emitió un comunicado recordando a la ciudadanía los procedimientos y requisitos oficiales para realizar cambios de domicilio en el censo electoral. La institución explica que es posible actualizar la dirección cuando el nuevo domicilio se encuentra en el mismo municipio donde reside el interesado o cuando se traslada a otro municipio diferente.
Para este último caso, cuando el código catastral es distinto, el solicitante debe demostrar su nueva residencia presentando documentos como una constancia de vecindad municipal, clave catastral para propietarios de bienes inmuebles, constancia de trabajo, contrato de arrendamiento con recibo de servicio público, constancia de estudio de los hijos de institución pública o privada, o recibos de pago de servicios públicos o telecomunicaciones.
El proceso de actualización domiciliaria, que inició el pasado 21 de abril y concluirá el próximo 14 de mayo, ha recibido hasta la fecha 50 mil solicitudes, según informó la institución. El RNP enfatiza que este trámite debe realizarse de manera presencial en el municipio del nuevo domicilio, validándose mediante biometría antes de ser remitido al Consejo Nacional Electoral (CNE) para su evaluación y aprobación definitiva.
