Tegucigalpa, Honduras. – El Colegio Médico de Honduras (CMH) amenazó con imponer doble sanción a profesionales involucrados en aumentos salariales irregulares en el sector público, mientras su presidente Samuel Santos admitió que la institución gremial no es «ente contralor» con capacidad de investigar o juzgar actuaciones de sus miembros, trasladando responsabilidad a autoridades estatales.
Santos aclaró que de confirmarse irregularidades no se puede responsabilizar al Colegio Médico como institución, ya que se trataría de actuaciones individuales de algunos profesionales, deslindando al gremio de escándalos como el nombramiento de la exministra Carla Paredes con salario de más de 105 mil lempiras como médico general en Hospital San Lorenzo.
«El Colegio Médico no es un ente contralor, no le corresponde investigar ni juzgar; nuestra función es gremial y ética, pero no administrativa«, enfatizó Santos reconociendo limitaciones institucionales del gremio que agrupa a miles de médicos hondureños pero carece de facultades de fiscalización sobre sus miembros.
El dirigente gremial hizo llamado directo a los entes contralores del Estado y a la Procuraduría General de la República (PGR) para que realicen investigación exhaustiva, deduzcan responsabilidades y castiguen conforme a ley a quienes resulten culpables, trasladando carga procesal a instituciones con atribuciones legales.
«Exigimos que se investigue y se castigue. Si se demuestra que existen médicos involucrados en estas irregularidades, el CMH actuará de acuerdo con su reglamento interno y esos miembros serán suspendidos por el doble de la sanción que impongan las autoridades competentes», advirtió Santos estableciendo fórmula punitiva que multiplica castigos oficiales.
La amenaza de doble sanción representa estrategia del CMH de mostrar severidad ante opinión pública sin asumir responsabilidad investigativa, condicionando su actuación a que primero las autoridades estatales comprueben culpabilidad y después el gremio aplicará sus propias sanciones administrativas duplicando el castigo.
Santos recordó que el salario base de un médico en el sector público ronda los 36 mil lempiras, considerando inaceptable que se realicen nombramientos o incrementos salariales fuera del marco legal solo por tener poder o influencias, estableciendo contraste dramático con los 105 mil lempiras que Paredes obtendría mensualmente.
El caso Paredes evidencia que la exministra se autonombró en puesto de guardia de médico general con salario de galeno especialista de forma irregular, ejecutando el nombramiento cuando aún era ministra y renunciando antes de lo correspondiente para supuestamente tomar posesión en plaza donde no aparece en rol de guardias del hospital.
La diferencia de 69 mil lempiras mensuales entre el salario base (36 mil) y el obtenido irregularmente (105 mil) representa casi el triple, evidenciando magnitud de privilegios que funcionarios con poder o influencias obtienen mediante nombramientos fuera del escalafón y normativas del sistema de administración pública.
El presidente del CMH subrayó que los médicos están llamados a actuar con transparencia y responsabilidad, ya que cualquier conducta irregular daña la imagen del gremio y afecta la confianza de la población en el sistema de salud, reconociendo impacto reputacional que escándalos individuales generan sobre profesión completa.
La admisión de Santos de que el CMH «no es ente contralor» expone debilidad estructural de colegios profesionales hondureños que carecen de atribuciones para fiscalizar efectivamente a sus agremiados, dependiendo exclusivamente de contraloría, PGR y Ministerio Público para investigar y sancionar irregularidades.
