Tegucigalpa, Honduras.— Cuando un mecanismo de control se ejecuta sin rigor, el daño puede ser mayor que el beneficio. Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), señaló que el juicio político reciente, aunque válido en su diseño, presentó «fallas significativas» en su ejecución, una valoración que interpela a las instituciones sobre la necesidad de blindar estos procedimientos con garantías técnicas y transparencia.
«Una cosa es que el mecanismo sea válido, y otra muy distinta es cómo se ejecuta. Y lo que vimos, como resultado de nuestra veeduría permanente, fue un proceso con fallas significativas», expresó Castellanos, al describir un escenario donde la legitimidad del instrumento constitucional se vio comprometida por deficiencias operativas.
Tal como se advirtió, el juicio político, aunque no se trate de un procedimiento judicial, exige criterios mínimos de objetividad, racionalidad y respeto al debido proceso. «Y esas condiciones no se cumplieron plenamente», detalló la funcionaria, en una afirmación que busca llamar la atención sobre los riesgos de utilizar herramientas de control político sin los contrapesos necesarios.
Según Castellanos, en la denuncia se incorporaron elementos personales altamente sensibles y sin sustento técnico que mostraron una relación directa con el ejercicio de la función pública. Una práctica que, a su juicio, desvía el foco de la evaluación institucional hacia cuestiones que no deberían formar parte de un proceso de esta naturaleza.
En cuanto a las comisiones especiales, la directora del CNA señaló que se integraron sin la participación de todas las bancadas, lo que deja condiciones básicas de imparcialidad. «Las intervenciones en el juicio se vieron marcadas por valores personales, por lo que hay vacíos en el proceso», indicó, al destacar que la ausencia de representación plural puede sesgar los resultados y erosionar la credibilidad del procedimiento.
Otro punto crítico fue la decisión a mano alzada, que según Castellanos limita el control ciudadano en una resolución de alto impacto. Por ello, apuntó que se debe implementar una serie de recomendaciones para que, a futuro, los juicios políticos sean una herramienta que dé fortaleza y no desconfianza a la población.
Para los observadores del sistema político, las observaciones del CNA representan un insumo clave para mejorar los mecanismos de rendición de cuentas; para la ciudadanía, la expectativa es que las próximas reformas al procedimiento incorporen las garantías necesarias para evaluar conductas sin sacrificar el debido proceso.
Mientras el Congreso avanza en la selección de nuevos funcionarios electorales y se discuten posibles ajustes normativos, el mensaje que queda en el aire es claro: el control político requiere control también, y cualquier herramienta de fiscalización debe aplicarse con rigor, transparencia y apego a derecho. Porque al final, más allá de los juicios y las destituciones, lo que importa es que Honduras fortalezca un sistema donde la justicia institucional sea un pilar de confianza, no de confrontación.
