Tegucigalpa, Honduras.— La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, advirtió que «cualquier obstáculo que ponga en riesgo la declaratoria de resultados electorales supone responsabilidad penal» y será denunciado por atentar contra la democracia.
Castellanos enfatizó que «el desarrollo del escrutinio especial es un imperativo para la conclusión del proceso electoral como lo manda la Constitución de la República», dirigiendo su mensaje a partidos políticos que deben «enmarcar sus decisiones dentro de los límites que establece la ley».
La advertencia del CNA se produce mientras el consejero Marlon Ochoa mantiene su promesa de no firmar la declaratoria por instrucciones de Libre, creando incertidumbre sobre si el CNE podrá completar constitucionalmente la proclamación oficial de resultados.
«El CNA se hará presente como parte del monitoreo ciudadano para el respeto de la voluntad popular», declaró Castellanos, posicionando al organismo anticorrupción como garante del proceso democrático ante posibles maniobras obstruccionistas.
El codirector de Formación Política Electoral del CNE, Bladimir Bastida, confirmó que el escrutinio especial de más de 2,700 actas «podría durar hasta ocho días», aunque «no se tiene definido cuándo arranca ese proceso», generando expectativa sobre el cronograma definitivo.
La amenaza de responsabilidad penal del CNA busca disuadir estrategias de obstaculización que podrían activar mecanismos constitucionales alternativos, trasladando la decisión al Congreso Nacional donde Libre mantiene mayoría relativa.
Las advertencias de Castellanos coinciden con las denuncias de Salvador Nasralla sobre supuesto robo en el almacén de urnas y las impugnaciones de la abogada Karla Romero por inconsistencias en 6,663 juntas receptoras de votos.
El CNA se posiciona como actor clave en la supervisión del proceso final, mientras sectores políticos evalúan si las maniobras obstruccionistas constituyen delitos contra la democracia que ameriten investigación penal.
La presión institucional del organismo anticorrupción busca garantizar que el escrutinio especial se desarrolle sin interferencias, confirmando oficialmente el triunfo de Nasry Asfura con 40.52% de los votos frente al 39.20% de Nasralla.
La advertencia de responsabilidad penal eleva la tensión política mientras Honduras se prepara para el proceso definitivo que determinará si la transición presidencial del 27 de enero se desarrolla constitucionalmente o enfrenta crisis institucional.
