Tegucigalpa, Honduras. – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, llegó este lunes al Congreso Nacional para participar en la socialización del Presupuesto General 2026 con representantes de la sociedad civil y salió con dos revelaciones que el país necesita escuchar: la aparición de una nueva partida presupuestaria que supera los cinco mil millones de lempiras y que podría repetir la opacidad histórica de la infame partida 449, y una exigencia directa al Ministerio Público de presentar requerimientos penales contra todos los altos funcionarios destituidos mediante juicio político, comenzando por el exfiscal Johel Zelaya y el exconsejero Marlon Ochoa.
La partida que no debe volverse oscura
Castellanos reveló que el Presupuesto General 2026 contempla una reducción significativa de la partida confidencial 449 —mejor conocida como la «partida secreta»— que bajará de 12 mil millones a apenas 62 millones de lempiras, en lo que parece una señal de transparencia del Gobierno.
Sin embargo, la directora del CNA alertó sobre lo que encontró detrás de ese ajuste: la aparición de una nueva partida denominada «109», que supuestamente estará destinada al pago de salarios y demandas de las instituciones del Estado y que asciende a más de cinco mil millones de lempiras.
«No queremos que esta nueva partida se vuelva oscura como la 449; aquí hay pago de salarios, demandas de las instituciones», advirtió Castellanos, en una frase que resume la preocupación del organismo anticorrupción ante la posibilidad de que la reducción de la partida confidencial sea simplemente un traslado de fondos discrecionales bajo un nombre diferente, manteniendo la misma opacidad de fondo.
La directora del CNA informó que el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, se comprometió durante la reunión a transparentar la partida 109 y a crear mecanismos de revisión de cuentas que permitan a la sociedad civil y a los medios de comunicación tener acceso al uso de esos fondos.
Castellanos fue clara: el CNA se compromete a mantener una vigilancia activa sobre esta nueva partida para que el compromiso del ministro se traduzca en hechos concretos.
Requerimientos penales contra los destituidos
En el segundo frente de sus declaraciones, Castellanos dio un paso que el debate público necesitaba: exigió al Ministerio Público que presente requerimientos fiscales penales contra los altos funcionarios destituidos por el Congreso Nacional a través del juicio político, alegando que en sus conductas hubo actos conducentes a delitos que la destitución política no resuelve por sí sola.
La directora del CNA fue específica en el orden de prioridades: «El primer requerimiento debe ser en contra del exfiscal general, Johel Zelaya, seguido del exconsejero Marlon Ochoa», en el mismo orden en que se produjeron las destituciones, señalando que la cadena debe seguir con los demás funcionarios destituidos y que aún hay otros pendientes de someterse a esta herramienta de control constitucional.
Castellanos también adelantó que el CNA divulgará esta semana un análisis completo de lo que ocurrió, está aconteciendo y deberá ocurrir en el marco del proceso de juicio político, en un documento que promete ser una de las evaluaciones más completas que haya producido el organismo anticorrupción sobre la crisis institucional que Honduras vive desde marzo de 2026.
Finalmente, la directora clamó porque las reformas electorales que se implementen contemplen procesos limpios y transparentes para la selección de los sustitutos de los funcionarios electorales destituidos, en un llamado que busca garantizar que los nuevos integrantes del CNE y el TJE lleguen a sus cargos por méritos y no por los mismos mecanismos de cuotas partidarias que generaron la crisis actual.
